Diputados de Morena y el partido Acción Nacional (PAN) acusaron que la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a cargo de Arturo Ibáñez Aguirre, ha eludido presentar denuncias penales y mantiene un alto número de casos sin resolver, lo cual impide recuperar más de 309 mil millones de pesos.

La cifra es de tal magnitud que, cuestionó el diputado Juan Torres Navarro (Morena), es “casi 20 veces más que las irregularidades en Segalmex y 40 más que la estafa maestra. El problema es enorme”.

Resaltó que se trata de casos que “ustedes deben atender y no han tenido resultados. Son montos sujetos a aclaración que pueden llegar a sanciones administrativas o denuncias penales”.

Se trata de cifras relevantes, debido a que el histórico de recuperaciones probables desde 2000 asciende a 409 mil millones de pesos, según los propios datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los reclamos a Ibáñez Aguirre se presentaron en la reunión con la Comisión de Vigilancia de la ASF para dar seguimiento al informe de la cuenta pública 2021. En contraste con las dos sesiones previas, la de ayer duró apenas hora y media, por las respuestas breves de Ibáñez Aguirre, quien eludió la mayoría de las preguntas de los diputados.

Ibáñez Aguirre, quien colaboró en el gobierno de Gabino Cué en Oaxaca y es socio en el despacho del auditor David Colmenares, carraspeó. “El mayor éxito que se ha tenido es haber creado la Auditoría Especial de Seguimiento, y la voy a seguir defendiendo, no por terquedad, sino porque estoy convencido que es la mejor estrategia”.

La diputada María Elena Pérez-Jaén aseguró que hay delitos a cargo de esta dependencia que están por prescribir. Citó que en la auditoría forense 275-DS, de 2017, practicada a Diconsa, se determinaron cuatro acciones por pagos indebidos, que a la fecha siguen con el estatus de “en seguimiento”, por un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 378 millones de pesos. “¿Alarmante, no?”, expresó.

Cuando los diputados resaltaron que la inacción de esta auditoría implica el riesgo de que los delitos por desvío de recursos prescriban, Ibáñez respondió: “Estamos confiados de que eso no ha sucedido”.