La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha desechado hasta el momento 927 demandas contra el plan B, debido a que fueron promovidas únicamente por la entrada en vigor de la reforma y no por un acto concreto de aplicación.
El TEPJF explicó que se vio impedido a aplicar un control constitucional en concreto. Además, indicó, “aún no se ha definido quiénes serán las personas que se vean afectadas con motivo de la reforma”.
Las demandas fueron tramitadas por ciudadanos en general, trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso por organismos electorales locales.
También desechó un juicio promovido por Dania Ravel, consejera del INE, contra la desaparición de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sin continuidad en el nuevo marco legal. La funcionaria subrayó que esta área es fundamental en el Sistema Nacional de Elecciones, el cual sigue vigente aun con la reforma legal.
“Respeto la decisión de la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, refrendo mi firme compromiso de defender la autonomía del INE y de los derechos laborales de su personal; su trabajo, experiencia y entrega son fundamentales para nuestra democracia”, señaló Ravel.
En cuanto a la totalidad de asuntos contra el plan B, la sala superior desechó 250 la semana pasada y ayer 677, con lo que suman 927.
El TEPJF recalcó que “carece de facultades para analizar normas en abstracto, sin que se hubieran aplicado mediante algún acto”.
Las demandas son contra el decreto que reforma diversas leyes electorales y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y el acuerdo del Consejo General del INE, que define los trabajos de modificación del instituto y crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023.
Entre los argumentos de los inconformes destacan que la reforma vulnera sus derechos político-electorales, son cambios regresivos en materia de derechos fundamentales y/o inciden en la autonomía del INE.
Por otra parte, la sala superior rechazó un juicio promovido por Marina Ceja, quien fue excluida de la lista de aspirantes al proceso de designación de magistraturas locales de 17 estados.
