Estados Unidos ha ejercido un enorme poder para implantar políticas que, desde su visión, son las correctas para enfrentar problemas, involucrando a otros países para alcanzar sus objetivos, no siempre a través del consenso o convencimientos, sino ejerciendo su “fuerza”, estrategia posible ante la enorme asimetría de poder con los países, sobre todo subdesarrollados. Al hacer un recuento de las más significativas políticas que pretenden solucionar diversos conflictos, sociales o de otra índole, hallamos que parten de la “prohibición”. Este es un concepto cuya puesta en marcha ha demostrado que a quien afecta directamente es a las poblaciones y las verdaderas soluciones se postergan y los conflictos se mantienen dolorosamente.

Son básicamente tres las políticas enarboladas por Estados Unidos cuyo eje rector ha sido la “prohibición” y que han involucrado, entre otros países, a México.

La primera de ellas fue la llamada “ley seca”, que prohibió las bebidas alcohólicas. Desde finales del siglo XIX diferentes grupos, pero sobre todo los religiosos protestantes, consideraban que las personas no debían beber alcohol porque era atentatorio a la moral. A estos grupos se unieron mujeres que querían que se cerraran todas las cantinas para que los hombres dejaran la afición, sin duda un grave problema. Finalmente la Ley Volstead se expidió en 1920 prohibiendo la producción, distribución, venta y consumos de alcohol, misma que estuvo vigente hasta el 5 de diciembre de 1933, cuando la Enmienda 21 puso fin a la era de la prohibición. El resultado de esa prohibición fue una verdadera catástrofe por la inseguridad, proliferación de bares clandestinos, bebidas de contrabando, mercado negro y la terrible criminalidad incrementada con la llegada de mafias, gansterismo, etcétera, grupos que, paradójicamente, se volvieron famosos en las series de televisión. Crearon un monstruo que sigue vivo hasta nuestros días porque aplicaron una receta religiosa, en lugar de ir a las causas de por qué se daba la adicción al alcohol y aplicar una política de salud.

La segunda estrategia que sigue la misma línea de la anterior, reforzada bajo los mismos parámetros, es la política contra las drogas, también basada en la prohibición, a pesar de la experiencia previa. Es importante recordar que en la administración de Lázaro Cárdenas se legalizó el consumo de estupefacientes por el doctor Leopoldo Salazar Viniegra y “se abrieron dispensarios estatales para proveer drogas a los adictos, darles atención médica y alejarlos del mercado ilegal” (Cecilia Autrique). La respuesta amenazante de Estados Unidos no se hizo esperar: suspendió el envío de drogas legales a México, por lo que el presidente Cárdenas no tuvo más remedio que plegarse a los dictados del vecino país y convertir un asunto de salud pública en un asunto criminal basado, como señala la autora, en “la perspectiva moral protestante”. Y el remate se produjo con Richard Nixon, quien en 1974 lanzó su terrible “guerra contra las drogas” para incrementar sus niveles de aprobación y señaló que “el enemigo público número uno en Estados Unidos es el abuso de las drogas”. Llevamos 50 años y el prohibicionismo ha mostrado ser una política que lleva al fracaso y a nefastas consecuencias, aumento de la criminalidad, corrupción rampante, mayores flujos de drogas y mayor cantidad de adictos, es decir, resultados totalmente contrarios. La solución es una política pública de salud.

La tercera acción que muestra claramente las consecuencias nefastas de la prohibición es la de migración. Recuérdese que Andrés Manuel López Obrador al inicio de su administración planteó claramente una política migratoria de derechos humanos para los migrantes, no criminalización, visas humanitarias, tránsito por el país, ir a las causas del fenómeno, no detenciones ni deportaciones masivas. La respuesta de Estados Unidos en la figura de Donald Trump fue tajante: o se cierran las fronteras incrementando la seguridad fronteriza y se les impide el paso hacia la frontera norte o se aplicarán aranceles a todas las mercancías provenientes de México, es decir, contención migratoria, prohibición. De nuevo, quien dicta la política migratoria es el país vecino, porque la asimetría de poder entre uno y otro es simplemente inmensa. Las consecuencias han sido nefastas: redes de traficantes de personas que reciben ganancias mayores de lo que podrían obtener con el comercio de las drogas, abusan de los migrantes ante la enorme precariedad sufrida y, por supuesto, necesitan incrementar el número de personas para obtener más ganancias. Resultado: flujos crecientes de migrantes, tragedias por las que nadie se hace responsable, y las causas por las que se ven forzados a migrar siguen intocadas.

La prohibición genera ilegalidad, delincuencia y criminalidad porque esas políticas son perfectas para mantener los problemas sin solución. En lugar de ir a las causas, forma correcta para solucionar los problemas, esas políticas se dirigen a los efectos, lo que en su inmensa irracionalidad explica la permanencia del conflicto por los enormes beneficios que reciben instituciones, funcionarios, agencias, criminales que conviene a todos ellos y están felices por la maravillosa oportunidad de hacerse millonarios.

Cambiar este paradigma requiere aglutinar fuerzas con otros países, sobre todo latinoamericanos, que sufren los embates de la “potencia hegemónica en clave de descenso”. Dialogar sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro para celebrar una cumbre regional sobre migración con enfoque en movilidad laboral, así como debatir acerca de la política llamada “guerra contra las drogas”, ambas absolutamente fracasadas y que requieren hacer un frente común con países preocupados por sus poblaciones y por dejar atrás imposiciones imperialistas.