Estaban desarmados, no hubo enfrentamiento y fue ejecución. Tal es la esencia de lo dicho ayer por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, respecto a lo sucedido a cinco jóvenes durante la madrugada del 26 de febrero del año en curso en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los detalles de la ejecución de los jóvenes han ido revelándose fatigosamente a lo largo de los días posteriores (en particular, por el trabajo periodístico en El País, edición México, del reportero Pablo Ferri: https://bit.ly/3YMcLQ1 y https://bit.ly/42fF7VS); a contrapelo, en partes claves, del primer reporte militar que adjudicó los disparos de sus elementos a una reacción ante el “estruendo” del choque de la camioneta de los jóvenes con otro vehículo, y que ha pretendido responsabilizar sólo a cuatro soldados de una “desobediencia” que dejaría sin cargos a quien iba al mando en esos momentos trágicos, el capitán Elio “N”.

El propio Encinas señaló: “por supuesto que la investigación debe abordar la responsabilidad de la cadena de mando en este operativo, no solamente el actuar de los elementos de las fuerzas armadas” (a propósito, el caso Ayotzinapa también se ha estancado a causa de la decisión presidencial de no indagar ni mover más el punto crítico de la corresponsabilidad militar en la desaparición de los 43).

El esclarecimiento primario de los hechos, a partir de reporteo periodístico y a pesar del fallido intento de control de daños de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la ya clásica lentitud de la Fiscalía General de la República (TortuGertz), confirma la persistencia de patrones de conducta de las fuerzas armadas que el discurso oficial pretende dar por eliminados.

Por otra parte, el ex gobernador priísta de Tamaulipas Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba ha sido sentenciado a nueve años de prisión por el delito popularmente conocido como lavado de dinero. Otros cargos fueron desestimados luego de que el acusado aceptó su responsabilidad, entregó bienes inmuebles, millones de dólares e información relevante sobre la operación del crimen organizado en México.

Detenido en Italia en abril de 2017 y luego extraditado, en marzo de 2021 se declaró culpable de uno de los 11 cargos que le imputaron en Estados Unidos. Como en el caso de Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador priísta de Veracruz, también sentenciado a nueve años de prisión a pesar de la larga lista de agravios trascendentes cometidos, Yarrington podrá obtener su libertad en Estados Unidos en un tiempo que resulta ínfimo en comparación con lo infligido social e institucionalmente (ya se verá si al cumplir su sentencia, o esta se dé por cumplida anticipadamente, es deportado a México o se queda en EU mediante algún formato de colaboración).

Yarrington fue presidente municipal de Matamoros, colaboró en el gobierno del salinista Manuel Cavazos Lerma (cuyo nombre lleva la colonia donde fueron asesinados los cinco jóvenes de Nuevo Laredo), a quien relevó para, a su vez, ser sustituido por Eugenio Hernández Flores, también preso. A Yarrington, un testigo protegido lo acusó de haber ordenado el asesinato del candidato priísta que entraría en lugar de Hernández Flores, Rodolfo Torre Cantú, ejecutado por un comando a días de las elecciones que mediante buenos o malos métodos se encaminaba a ganar.

Antes de Cavazos Cantú, el gobernador priísta de Tamaulipas fue Américo Villarreal Guerra, cuyo hijo, con segundo apellido Anaya, es el actual mandatario a nombre de Morena, aunque con larga historia política en el PRI. Ayer rindió un demagógico y presidencialmente mimético “primer informe de gobierno” de sus primeros cinco meses (el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca estableció tal apresurado calendario por motivaciones electorales, explicó ayer la periodista Martha Olivia López). Como es explicable, nada especialmente nuevo o diferente ha podido reportar Américo II en este breve lapso. Pareciera que los tiempos de Tamaulipas siguen predeterminados por causas y factores persistentes. ¡Hasta mañana!

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