Brasilia. Unas 28 ciudades del estado de Río Grande do Norte, en el noreste de Brasil, reportaron desde la madrugada del martes una serie de ataques orquestados por un grupo criminal con incendios y disparos contra oficinas públicas, comercios y vehículos, informaron autoridades.
El gobierno del estado trabaja sobre la hipótesis de que los disturbios fueron planeados desde el interior de las prisiones, en protesta por las condiciones de vida y el endurecimiento de las medidas de control.
Los ataques comenzaron la madrugada del martes en unas 19 ciudades, incluida la capital, Natal, y, pese al fortalecimiento de la seguridad, se expandieron desde ayer a un total de 28, según fuentes policiales citadas por el sitio de noticias G1.
Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron autobuses, camiones y automóviles en llamas, así como patrullas con orificios de balas.
“El Estado trabaja para devolver la tranquilidad al pueblo de Río Grande do Norte”, declaró la gobernadora Fátima Bezerra.
Unos 220 policías de la Fuerza Nacional fueron enviados para auxiliar a las fuerzas locales, número que podrá ampliarse “hasta la cantidad que se considere necesaria”, tuiteó el ministro de Seguridad Pública, Flávio Dino.
La policía reportó dos muertos y dos heridos desde el inicio de los disturbios, según G1.
Uno de los fallecidos, José Wilson da Silva Filho, de 29 años y jefe de la mayor facción criminal de la entidad, murió ayer al enfrentarse a los policías cuando intentaban detenerlo, dio a conocer un alto mando en un comunicado.
Unas 30 personas fueron detenidas, de acuerdo con un balance policial publicado por G1.
Los reclusos exigen mejorar las condiciones de vida en los presidios, comentó el secretario de seguridad del estado, Francisco Canindé de Araújo, al portal UOL.
Organismos de derechos humanos denuncian que se violan las condiciones mínimas a las que los presos tienen derecho.
El Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, organismo autónomo que supervisa las cárceles, denunció condiciones de detención “inhumanas y degradantes” en penales de Río Grande do Norte.
