Monterrey, NL. El Congreso de Nuevo León acordó dejar de sesionar por tiempo indefinido en protesta porque el juez Faustino Gutiérrez Pérez otorgó una suspensión al gobernador Samuel García Sepúlveda, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), para que no se apliquen las reformas constitucionales que le restan facultades.

El anuncio se hizo oficial alrededor de las 15 horas de ayer, luego que la diputada priísta Alhinna Vargas García, en representación de la presidencia de la mesa directiva, presentó el acuerdo que fue aprobado por los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que son mayoría.

“La Septuagésima Sexta Legislatura constituida en pleno, como máxima autoridad del Poder Legislativo, autoriza cerrar la sesión y paralizar toda función del Congreso con motivo de los hechos presuntamente irregulares derivados de la actuación del juez octavo de distrito en materia administrativa en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, por la resolución dentro del incidente de suspensión 407/2023-1”, señala el documento.

Vargas García afirmó que la entidad “vive una crisis institucional agravada por la judicialización de diversos asuntos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo” y la actuación de Gutiérrez Pérez, lejos de brindar certidumbre jurídica, contribuye a “vulnerar la confianza” en las instituciones democráticas.

En el escrito se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que a la brevedad posible investigue la presunta actuación irregular del juez y autoriza a la Dirección Jurídica adscrita a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo “para efectos de elaborar las denuncias penales, administrativas y demás acciones jurídicas que correspondan”.

Carlos de la Fuente, líder de la bancada del PAN, consideró que los diputados no pueden estar imposibilitados para legislar, pues es su función, además de que esta decisión pone en riesgo la soberanía del estado y la división de poderes; “y no por un juez de Nuevo León, sino de Tamaulipas”, cuestionó.

Iraís Reyes, de MC, advirtió que cerrar el Congreso es mandar a los ciudadanos el mensaje incorrecto de que se están adelantando las vacaciones de Semana Santa; “no entiendo por qué tardamos tres horas en iniciar una sesión del pleno que, en teoría, comienza a las 11, para determinar que queremos dejar de trabajar como cuerpo colegiado”, reclamó.

El legislador Waldo Fernández, de Morena, aceptó que el Poder Judicial se extralimitó con la suspensión; sin embargo, se abstuvo de dar su voto y alegó que este asunto compete a la mesa directiva y no al pleno.

Por su parte, el diputado priísta Javier Caballero respaldó el acuerdo y adujo que el fallo del juez Faustino Gutiérrez vulnera la autonomía del Congreso “al prohibirnos realizar nuestro mandato constitucional”.

Las reformas constitucionales que restan facultades a Samuel García fueron incluidas en los decretos 340, 341 y 342, que entraron en vigor el pasado 9 de marzo.

El primero determina que los diputados podrán ejercer “la moción de censura” para destituir al gabinete del gobernador; el segundo precisa que la defensoría pública ahora será atribución del Consejo de la Judicatura y no del Ejecutivo local, mientras el decreto 342 obliga al mandatario estatal a solicitar permiso al Congreso de la entidad para salir del país por más de tres días.