Zacatecas, Zac., Representantes comunitarios de los municipios de Mazapil, Morelos y Chalchihuites señalaron que las compañías mineras que exploran y aprovechan yacimientos de oro, plata, cobre, zinc y plomo en el estado sólo han dejado desolación, afectación a las actividades agropecuarias, contaminación y sobrexplotación de mantos acuíferos en los lugares a los que llegaron “con la promesa de traernos desarrollo, que nunca hemos visto”.

Convocados por la organización social Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), los líderes campesinos pidieron a las autoridades del gobierno federal involucradas con las actividades del sector minero que atiendan los problemas que en sus comunidades han provocado las mineras Grupo Frisco, Peñoles, Minera Newmont y Panamerican Silver.

Los líderes comunitarios dieron a conocer que junto con Felipe Pinedo Hernández, líder estatal del FPLZ, se sumaron a la campaña Cambiémosla Ya, sobre la solicitud hecha por organizaciones campesinas, indígenas, sociales y académicos para que el Congreso de la Unión haga reformas profundas a la Ley Minera, vigente desde 1992.

“A través de Cambiémosla Ya se exige a los legisladores federales dar prioridad a la vida, la salud y los derechos humanos, y que se eliminen los abusos y privilegios de los que goza la industria minera debido al contenido de la ley”, expusieron.

Pinedo Hernández recordó: “Estamos planteando básicamente que la minería deje de ser primordial, respecto a la agricultura, la ganadería y las actividades forestales. Queremos que se cambie la ley porque los modelos de explotación a cielo abierto matan todo a su alrededor”.

Agregó que a la ley vigente se le hicieron reformas en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto en abril de 2013, las cuales “agravaron más la depredación y despojo de tierras en México”, al otorgar a la minería el carácter de actividad económica preferente sobre prácticamente cualquier labor productiva realizada por las comunidades campesinas e indígenas del país, a pesar de que la minería es una actividad de evidente utilidad privada, pero se le extendió la categoría de “utilidad pública”, en el artículo sexto.

Actualmente, explicó Felipe Pinedo, se logró una reunión de trabajo, el martes anterior, con enlaces federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los Institutos Mexicano de Tecnología del Agua y el Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como con la Comisión Nacional del Agua.

Por su parte, Roberto de la Rosa de Ávila, defensor por más de 15 años de la comunidad de Salaverna, donde está la mina Ocampo Tayahua, de Grupo Frisco –propiedad de Carlos Slim–, expuso que la lucha colectiva es para reclamar cambios a la ley minera “porque ha sido una fuente de castigo para todas las comunidades asentadas en algún lugar donde hay riqueza mineral. Se busca que sea una ley que esté al servicio de las comunidades, respetando los derechos de los pueblos” .

Sergio Vázquez Luján, presidente del ejido Morelos, aseguró que la mina Francisco I. Madero, de Grupo Peñoles, actualmente en “paro técnico”, ha mermado las actividades agropecuarias debido al abatimiento de los mantos freáticos.

En tanto, el presidente del comisariado ejidal de Cedros, municipio de Mazapil –donde se ubica la mina Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont–, Mónico Torres Ponce, solicitó a los gobiernos federal y estatal que atiendan los problemas de escasez de agua y de salud de los habitantes de su comunidad, así como la contaminación atmosférica que produce Peñasquito, que ha provocado alta incidencia de enfermedades respiratorias y de la piel entre los habitantes.