Madrid. El viejo continente es cada vez más viejo, de ahí que uno de sus principales retos sea cómo resolver la encrucijada de las pensiones. Después de un largo invierno demográfico se ha registrado un aumento constante de las personas mayores de 65 años, mientras los jóvenes o las personas en edad de trabajar son cada vez menos. Se invirtió la pirámide justo después de un proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora, que se inició en la década de los 90 con el auge neoliberal y que se agudizó con las últimas crisis financieras, sobre todo la de 2008. Con este panorama adverso, prácticamente todos los países de la Unión Europea están debatiendo la manera de reformar su sistema de pensiones para mantener el difícil equilibrio de las cuentas públicas y evitar que los pensionados sigan perdiendo poder adquisitivo. El caso de Francia es uno de los más graves, no sólo por las movilizaciones sociales, sino también por el peso específico que tiene el país en el conjunto de la Unión Europea (UE).
El Indice Mercer de Pensiones es un sistema de evaluación de los sistemas públicos en esta materia de 44 países, y en sus informes anuales casi siempre son los países europeos los que lo lideran, tanto por su eficiencia como por sostenibilidad y bienestar. Son sobre todo los países nórdicos o las naciones más ricas del continente, es decir Islandia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega o Finlandia. Pero la realidad en el interior de la radiografía social de Europa, un conglomerado de países donde habitan más de 470 millones de personas, es mucho más compleja. Y no es extraño que la diferencia entre un pensionado holandés, que cobra una media de 4 mil euros mensuales (84 mil pesos) sea tan grande con la de un polaco o búlgaro, que cobran un promedio de 500 euros (10 mil pesos). Se puede dar el caso de que lo que recibe de pensión mensual un ciudadano finlandés sea superior a lo que cobra un rumano durante todo un año. De ahí que uno de los temas recurrentes en las instituciones europeas sea cómo reducir esos desequilibrios, que finalmente son los que van a perpetuar las desigualdades.
La UE adoptó una serie de criterios macroeconómicos para desarrollar su integración monetaria, que quedaron plasmados en el Tratado de Maastricht y que supuso la restricción de los déficits presupuestarios y la reducción del gasto público, con una incidencia directa sobre el sistema de pensiones. Para acceder a la moneda única debían reducir la inflación y mantener el déficit público por debajo de 3 por ciento, además de la adopción de un sistema de supervisión del gasto público, por lo que las reformas para reducir el costo de las pensiones son cada vez más comunes.
Y más aún con los datos demográficos, que muestran con claridad que la encrucijada de las pensiones es muy compleja: en 2017 había más de 100 millones de personas mayores de 65 años en Europa, frente a 85 millones en 2008 y 38 millones en 1960. Las proyecciones de la Comisión Europea prevén que la cifra aumente hasta 149 millones en 2050. Pero además, en 2018, las personas mayores de 65 años en la UE tenían una tasa promedio de pobreza del 15.9 por ciento si sus ingresos eran inferiores a 60 por ciento del salario promedio. Sin embargo, las tasas de pobreza entre jóvenes de 18 a 24 años y menores de 18 años son de 22.8 por ciento y de 20.3, respectivamente.
Esta cifras muestran lo que se conoce como la llegada a la jubilación de los ciudadanos europeos nacidos en el baby boom, periodo de recuperación económica europea después de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso español, de la Guerra Civil. El aumento del envejecimiento demográfico se empezó a notar a partir de los años 90, que fue cuando los gobiernos intentaron reducir el gasto en pensiones introduciendo reformas paramétricas, como la modificación de la edad de jubilación y la revalorización de las pensiones. Los métodos incluyen la vinculación a la inflación en lugar de a los salarios y el cambio en la forma de calcular el salario de referencia. Estos criterios se convirtieron en doctrina, en parte por una imposición del Banco Mundial, que consideró el financiamiento de las pensiones por reparto como una pérdida de inversión y preconizaba la capitalización para desarrollar la capacidad de inversión. Y ahí llegó el primer gran recorte del poder adquisitivo de los pensionados.
Múltiples modelos
Los modelos europeos de las pensiones públicas son múltiples, si bien hay sobre todo dos escuelas: la de los países nórdicos, que mezclan el fondo público con un plan privado y otro empresarial, y la de los países del sur de Europa, sobre todo Italia, España, Grecia y Francia, que basan la pensión en la cotización fiscal de los trabajadores y en algunos casos con planes de ahorro obligatorios para las empresas.
El caso de Francia es uno de los más preocupantes. La edad legal de jubilación está en los 62 años, pero para cobrar el 100 por ciento de la pensión se exige una cotización de más de 40 años.
Aunque hay algunas excepciones, como la de los funcionarios, policías, ejército y maquinistas, que tienen una tasa de sustitución de 75 por ciento, y su pensión se calcula con la media del salario de los últimos seis meses. Con la reforma en ciernes se pretenden eliminar esos “privilegios”. De hecho, algunos de estos rubros ya se intentaron cambiar en las múltiples reformas que ha adoptado Francia en los últimos años de su sistema público de pensiones, como las de 2003, 2007, 2010 y 2013, pero aún siguen presentes los problemas estructurales: la baja tasa de empleo entre personas mayores, los cambios demográficos y las desigualdades entre mujeres y hombres, que son más pronunciadas a partir de los 65 años.
Básicamente, el plan de Emmanuel Macron para reducir el déficit de las pensiones públicas prevé un aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años en 2030, incrementar el periodo de cotización de 42 a 43 años para tener derecho a la pensión completa, asegurar una pensión mínima de mil 200 euros al mes –ahora está en 916 euros– y eliminar determinados privilegios a algunos colectivos como los trabajadores de los sectores de la energía y los transportes. También pretende unificar las pensiones y terminar con un modelo que recoge más de 40 regímenes distintos, que generan enormes diferencias en el importe de las distintas pensiones.
