René Gavira Segreste, ex director administrativo de Seguridad Alimentaria (Segalmex), obtuvo una suspensión provisional que impide que en caso de ser detenido por el cargo de delincuencia organizada y lavado de dinero quede a disposición del juez que libró el mandamiento en su contra.

Además, tampoco podrá ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, como los otros 21 imputados de desviar recursos de la paraestatal, por un caso de compra simulada de más de 7 mil toneladas de azúcar, en tanto no inicie su proceso, sino hasta que se defina el fondo del juicio del amparo que solicitó.

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó al noveno de los 22 implicados en uno de los casos por desvíos de recursos en Segalmex. El detenido es Jorge Humberto González Bocardo, ex coordinador de operaciones en Diconsa, quien es señalado de haber autorizado el contrato con la empresa Carregin para el suministro de más de 7 mil toneladas de azúcar, de las cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo autentificar su entrega, aunque la paraestatal cubrió el pago por el producto.

En tanto, Gavira Segreste, quien ya enfrenta dos procesos penales por el desvío de más de 100 millones de pesos utilizados para la adquisición de valores bursátiles, también obtuvo de jueces federales el cambio de medidas cautelares que lo obligaban a firmar el libro de procesados y comparecer ante los jueces de sus causas penales.

El ex directivo era el segundo hombre en importancia en la paraestatal, bajo el mando de Ignacio Ovalle Fernández en 2019 y 2020, periodo en el que la ASF detectó desvíos de recursos por más de 10 mil millones de pesos.

Ayer, en los registros del Poder Judicial de la Federación se publicó un juicio de garantías solicitado por Gavira Segreste, una de las 22 personas contra las que un juez con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, libró mandamientos judiciales relacionados con el desvío de recursos en dicha firma.

En la lista de acuerdos del Poder Judicial se dio a conocer el resolutivo del juicio 368/2023, que otorgó la “suspensión provisional contra el mandato de aprehensión. “En ese sentido, por lo que hace a la orden reclamada, atribuida a una autoridad jurisdiccional, así como su ejecución”, determinó que “es procedente decretar en su favor la suspensión provisional para los efectos siguientes: para el caso de que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada amerite prisión preventiva, conforme a lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable, se concede la medida cautelar para el único efecto de que una vez que sea capturado el quejoso quede a disposición de este juzgado de distrito en el lugar en que sea recluido”.