Tras un “diagnóstico serio y profundo”, la Tesorería de la Federación (Tesofe) encontró “la necesidad de realizar un reordenamiento de las cuentas” bancarias de las diversas dependencias, lo que implica el cierre de las que se abrieron en otras administraciones sin justificación y la reapertura de aquellas pertinentes, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un comunicado, aclaró que el acuerdo por el que se modifican las disposiciones generales en materia de funciones de Tesorería, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero, es de corte administrativo y no implica cerrar todas las cuentas bancarias que tiene el gobierno federal con la banca privada.

“El convenio citado se encamina a actualizar el registro de las cuentas por excepción, elaborar una nueva base de datos que sigue lineamientos de apertura, gestión y cancelación que harán más transparente y efectivo su manejo. Por tanto, no se afectan cuentas del sistema CUT (Cuenta Única de Tesorería) y menos a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, explicó.

En el transitorio tercero del acuerdo se consignó que, “a más tardar el 31 de marzo de 2023”, las dependencias y entidades deberán cancelar “todas las cuentas bancarias que tengan autorizadas por la Tesorería de la Federación previo a la entrada en vigor de este acuerdo modificatorio”.

Ahora, Hacienda reportó que parte del reordenamiento de las cuentas es cerrar las que no tienen autorización de la Tesofe, pues se hallaron varias con inconsistencias, “como estar abiertas desde hace varias décadas por gestiones pasadas, sin contar con información de saldo, abiertas con el nombre de personas que ya no están en la función pública, con errores de clasificación, entre otras”.

“Con el desorden administrativo había riesgo de actos de corrupción, mismos que la actual administración combate en todas sus expresiones, por lo cual todas las dependencias y entidades de este gobierno han iniciado el proceso de cierre de viejas e injustificadas cuentas y la reapertura de aquellas pertinentes”, amplió.

Según un análisis realizado por la firma YG consultores, pese a que los bancos gubernamentales, como el del Bienestar, ya cuentan con mil 500 sucursales, la Tesorería depende de los bancos comerciales, por lo que tener buena alianza entre el Estado y la banca privada con estas reformas es una medida que favorece a todos los jugadores del sistema financiero.

“Si bien es cierto que la Federación tiene su propia infraestructura no es una institución de crédito, por eso es vital que se eficiente y se evite impactar en la propia administración de las entidades gobierno en todos sus niveles”, comentó Yoliztli Gutiérrez, directora general de YG Consultores.

“En este escenario, el sistema financiero mexicano está sólido y bien capitalizado, tiene una regulación eficiente en cumplimiento, infraestructura tecnológica y prevención de lavado de dinero, lo que debe considerarse factores esenciales para ser un aliado del gobierno federal”, agregó la abogada experta en regulación bancaria y del sistema financiero.