Luego de la gresca desatada por la realización de una obra hidráulica en la colonia Ajusco, el Congreso de la Ciudad de México solicitó al alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, un informe sobre el caso, y pidió conocer los nombres de los servidores públicos que ordenaron aplicar la fuerza pública contra los vecinos.

También se solicitó a la alcaldía aclarar la presunta relación entre servidores públicos –como Diana Yeranell Pérez Ibarra, del área de Proyectos de Operación y Atención a Trámites–, con personas identificadas como integrantes del grupo de choque Los Buitres, quienes agredieron a los colonos.

En tribuna, el diputado Gerardo Villanueva comentó que, a raíz de reuniones previas entre vecinos y autoridades de la alcaldía hubo quienes manifestaron su preocupación por la posibilidad de que al realizarse las obras disminuyera el abasto de agua, además de señalar la falta de transparencia en la ejecución de las mismas.

Agregó que los vecinos fueron agredidos por el grupo de choque Los Buitres al ejercer su derecho a la manifestación en contra de las obras, además de que la autoridad de la demarcación inició los trabajos con presencia policiaca.

“Vecinos de la calle Toltecas ejercieron su derecho a la protesta y se manifestaron contra las obras; sin embargo, en lugar de generar un ambiente de concertación, se propició un escenario de violencia y agresiones contra los manifestantes”, dijo el diputado por Coyoacán, Gerardo Villanueva, cuyo punto de acuerdo fue aprobado por el pleno.

El pasado 8 de marzo una decena de vecinos, entre mujeres, personas de la tercera edad y dos menores de edad, resultaron lesionados por un enfrentamiento con policías y golpeadores. Los afectados mostraron moretones en diversas partes del cuerpo y raspones en codos y tobillos. El grupo estuvo en contra de la realización de las obras hidráulicas, pues, a decir de ellos, las autoridades quieren poner “una nueva línea de agua”, lo que disminuiría el servicio en la zona.

Tras la aprobación del exhorto, la alcaldía Coyoacán se deslindó “de cualquier acto ilegal, agresión o violencia registrados ese día, tal como se señaló en la sesión de ayer en el Congreso de la Ciudad de México, pues el personal adscrito a la demarcación, a las áreas citadas, estuvo a disposición de las y los vecinos para informar a la ciudadanía respecto del trabajo a realizarse”.

El órgano administrativo dijo contar con la aprobación de la “gran” mayoría de los vecinos y puntualizó que la aplicación de los recursos se retrasó dos semanas por la oposición de personas "que se ostentan como vecinos del lugar”.