El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila rechazar la impugnación que interpuso la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, para seguir en el proceso de designación de los nuevos consejeros electorales, ya que el proyecto de resolución propone confirmar el Acuerdo emitido por el Comité Técnico de Evaluación, quien determinó eliminarla en la primera fase.

De acuerdo con el proyecto a cargo del magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, los planteamientos del juicio electoral que presentó la consejera electoral “son infundados”, ya que “los cargos de consejería electoral y la consejería para la presidencia son equiparables para el impedimento de relección, pues ambas integran el máximo órgano de decisión del INE y ejercen funciones sustanciales de la función electoral”.

Al adelantar el proyecto que propondrá ante el pleno de la Sala Superior en la sesión pública de este miércoles, el magistrado señala que se “busca garantizar la pluralidad en los perfiles de las personas que integran la autoridad electoral”, por lo cual, detalla el proyecto, la renovación “debe aplicar para todas las consejerías que participan en el Consejo General del INE”.

Tras analizar los argumentos que expuso la consejera en el juicio electoral que presentó el pasado 3 de marzo, Reyes Rodríguez considera y someterá a discusión del pleno que su interpretación es “armónica con los principios de escalonamiento y alternancia, y es acorde con la evolución histórica del impedimento de relección para la autoridad electoral nacional”.

Tras darse a conocer el proyecto de resolución, la consejera electoral promovió ante el TEPJF una recusación respecto del magistrado Rodríguez Mondragón por considerar que existe “una enemistad manifiesta hacia mi persona” por haber sido esposa de Roberto Gil Zuarth, ya que existe una amistad entre ambos, además de que Gil Zuarth fue su jefe en diferentes cargos entre 2010 y 2013.

La consejera acusó que Reyes Rodríguez utiliza las relaciones e influencia resultado de cargos públicos que ha ocupado, por lo que solicita el impedimento del magistrado presidente de la Sala Superior para resolver el asunto sometido a su jurisdicción, ante “el riesgo de afectación a su mandato de imparcialidad e independencia”.