Bogotá. El gobierno de Colombia anunció ayer que negociará con los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que firmaron las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016; unos 2 mil combatientes que se mantienen en armas.
El presidente Gustavo Petro informó sobre el inicio de los diálogos de paz con la facción más grande de disidentes de la otrora guerrilla más poderosa de América.
“Se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central”, tuiteó el mandatario, poco después de que la fiscalía levantó la órdenes de captura contra 19 cabecillas que serán negociadores.
“Comienza un segundo proceso de paz”, agregó el mandatario, que negocia desde finales del año pasado con rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El fiscal general, Francisco Barbosa, accedió a un pedido del gobierno para suspender los requerimientos judiciales que pesaban sobre los ahora delegados de la guerrilla.
Petro, el primer progresista en llegar al poder de Colombia, también busca concretar diálogos con el poderoso cártel del Clan del Golfo, otras bandas del narcotráfico y la Segunda Marquetalia, facción de disidentes que firmaron y luego abandonaron el proceso de paz.
“Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno; aún falta la otra mitad”, declaró Petro a los medios desde el departamento del Cauca, sin precisar la fecha ni la sede de los diálogos.
“¡Bien, presidente Petro! La apuesta por una paz estable y duradera debe ser apoyada”, tuiteó Sandra Ramírez, ex integrante de las FARC y senadora por el partido Comunes, surgido del acuerdo firmado en 2016.
Con la llamada política de Paz Total, Petro busca extinguir el conflicto interno de seis décadas. Sus delegados conversan desde noviembre con la guerrilla del ELN en sedes rotativas como Caracas, Ciudad de México y próximamente en La Habana.
Piden revisar clasificación de la hoja de coca
El gobierno de Petro pidió una revisión de la actual clasificación que mantiene a la hoja de coca en la lista de sustancias controladas durante las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas que se desarrollan en Viena.
Para Colombia ubicar la hoja de coca en la nómina de la Convención Única en 1961 sobre Estupefacientes “constituyó un error histórico contra los pueblos autóctonos de los Andes”, aseguró durante el debate general la viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales, Laura Gil.
La propuesta sobre la hoja de coca –materia prima de la cocaína– se enmarca en una nueva política de drogas que Colombia impulsa desde hace seis meses, cuando llegó al poder Gustavo Petro.
“Colombia está cansada de poner los muertos y de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó”, aseguró Gil ente la comisión.
Con su solicitud, Colombia se unió a Bolivia en el esfuerzo para que la ONU retire el veto a los usos tradicionales de la hoja de coca con el argumento de que en su estado natural no es un estupefaciente.
“Nuestros pueblos demandan descolonizar las actuales regulaciones de las convenciones y hacer justicia a las seis décadas de colonización”, señaló ante la comisión el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, aymara que reivindica el masticado de la hoja de coca y pidió respeto de su uso tradicional, nutricional, terapéutico y abogó por la comercialización de la hoja.
En Bolivia es legal el cultivo de hoja de coca hasta por 22 mil 500 hectáreas para consumo tradicional.
