Zacatecas, Zac. Representantes comunitarios de los municipios de Mazapil, Morelos y Chalchihuites señalaron que las compañías mineras que realizan operaciones de exploración y explotación de yacimientos de oro, plata, cobre, zinc y plomo en el estado de Zacatecas sólo han dejado desolación, afectación a las actividades agropecuarias, contaminación y sobre explotación de los mantos acuíferos; además “la promesa de traernos desarrollo, que nunca hemos visto”.

Convocados por la organización Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), los líderes campesinos demandaron, en conferencia de prensa, al gobierno federal que atienda la problemática y los daños causados por las empresas de Grupo Frisco, Peñoles, Minera Newmont y Panamerican Silver.

Los representantes y Felipe Pinedo Hernández, líder estatal del FPLZ, se sumaron a la campaña “Cambiémosla Ya”, respecto a la solicitud hecha por organizaciones campesinas, indígenas, sociales y académicos para que el Congreso de la Unión haga reformas profundas a la Ley Minera, vigente desde 1992.

A través de la campaña, expusieron, “se exige a los legisladores federales se priorice la vida, la salud y los derechos humanos, y se eliminen los abusos y privilegios de los que goza la industria minera debido al contenido de la Ley”.

A la actual normatividad, acusó Pinedo Hernández, se le hicieron reformas en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, que agravaron más la depredación y despojo de tierras en México, al otorgar a la minería el carácter de actividad económica preferente, sobre prácticamente cualquier actividad productiva realizada por las comunidades campesinas e indígenas del país.

“El artículo sexto plantea que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley, son de utilidad pública, y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.

Dijo que actualmente se están reorganizando todas las comunidades afectadas por empresas mineras instaladas en Zacatecas, y se logró una reunión de trabajo, ayer en Zacatecas, con enlaces federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los Institutos Mexicano de Tecnología del Agua, y el Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como con la Comisión Nacional del Agua.

Roberto de la Rosa de Ávila, delegado municipal y defensor durante más de 15 años de la comunidad de Salaverna, donde está asentada la mina Ocampo Tayahua, de Grupo Frisco –propiedad de Carlos Slim-, explicó que la actividad extractiva ha abatido los mantos acuíferos.

Sergio Vázquez Luján, presidente del ejido de Morelos, señaló que la mina Francisco I. Madero, de Grupo Peñoles –una de las principales productoras de zinc del país, aunque actualmente se encuentra en “paro técnico”, ha producido una severa afectación a las actividades agropecuarias de toda la localidad pues también secó los mantos freáticos.

Mónico Torres Ponce, presidente del comisariado ejidal de Cedros, municipio de Mazapil, donde se ubica la mina Peñasquito, propiedad de Newmont-, pidió atender los problemas de escasez de agua y las afectaciones a la salud de los habitantes de su comunidad por la contaminación atmosférica.

“No tenemos un abasto suficiente de agua para todas las familias y de igual manera, los que tienen sus pozos de riego agrícola, también ya fueron afectados y agotados”, concluyó.