La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó “factores de riesgo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes” contra las internas del Centro Federal Femenil de Readaptación Social número 16, ubicado en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, esto tras una primera revisión rutinaria en la que identificó encierros prolongados y deficiente atención a la salud física y mental de las presas.

Como parte de una supervisión conjunta entre la Tercera Visitaduría General de la Comisión y personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la CNDH, se realizaron encuestas con mujeres privadas de la libertad. Las entrevistas hicieron evidentes casos de riesgo de suicidio y falta de seguimiento médico; asimismo, se documentaron lesiones autoinfligidas.

Nula atención a trastornos sicológicos

Tras elaborar el informe especial 1/2023 sobre este caso, se advirtió que las internas ubicadas en el módulo 10 se encuentran expuestas a múltiples factores que las colocan en riesgo de sufrir algún trato cruel o actos de tortura.

Como resultado de entrevistas con 59 mujeres detenidas en ese módulo, 66 por ciento informaron tener algún problema de salud mental que requiere seguimiento especializado. Pese a que algunas recibieron diagnóstico siquiátrico antes de su ingreso al Centro y otras fueron diagnosticadas tras su detención, “todas fueron consistentes en manifestar que no se brinda seguimiento médico de manera adecuada dentro del Cefereso”.

En tanto, 58 por ciento de las mujeres consultadas presentan ansiedad grave; 46 por ciento, depresión severa; 26 por ciento, sentimiento severo de desesperanza, y 34 por ciento “enfrenta una condición de riesgo suicida alto”, relacionado con la práctica del cutting, es decir, cortes en distintas partes del cuerpo.

Además, el organismo nacional identificó a personas con problemas asociados al consumo de drogas, de las cuales 86 por ciento son madres de niños y niñas de siete años de edad o menos.

Entre los ocho factores de riesgo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes identificados, se encuentran: traslados a otros centros penitenciarios o módulos sin la protección de derechos y sin aplicar la perspectiva de género, inadecuada integración de registros en el expediente único, procesos de encierro prolongado o aislamiento y obstaculización en la comunicación con el exterior.

También se reportaron condiciones de habitabilidad que vulneran la dignidad de las personas, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, técnico, de sicología, trabajo social, criminología y médico para cubrir las necesidades de las mujeres privadas de la libertad; falta de atención a la salud física y mental, así como falta de atención al riesgo suicida.

Los hallazgos motivaron el inicio de una queja que se encuentra en proceso de integración, así como una serie de medidas cautelares que ya instruyó la Comisión.