Chilpancingo, Gro., La violación de las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú formó parte de las acciones de contrainsurgencia que el Ejército Mexicano practicó durante años recientes y podrían influir en los próximos comicios, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En su análisis denominado La violencia militar en Guerrero, Tlachinollan recordó que el 22 de marzo de 2002 elementos del Ejército “irrumpieron en el domicilio de Fernández Ortega, oriunda de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica; le preguntaron por su esposo y dónde había robado la carne que estaba tendida en su patio. Fue golpeada salvajemente; la violaron y torturaron sexualmente”.

Rosendo Cantú, “una indígena menor de edad, también fue víctima de tortura sexual. Ello nos muestra cómo la práctica de la violación sexual era común en la estrategia de contrainsurgencia que aplicó el Ejército en comunidades indígenas y campesinas”.

Las agraviadas “acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que catalogó estas acciones como violencia institucional castrense, calificando las violaciones de tortura sexual, por el contexto de contrainsurgencia que toma a las mujeres como botín de guerra”.

El proceso de remilitarización “es una mala señal que nos envía el Ejecutivo federal. En nuestro estado, la violencia es imparable y a pesar de la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, los grupos del crimen organizado se han expandido e infiltrado en las instituciones del Estado, y se han transformado en los puntales de muchos candidatos y candidatas para la próxima contienda electoral”.

Lo sucedido el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, “donde el Ejército ejecutó a cinco jóvenes, nos muestra la acción letal con que actúa el Ejército en hechos que no son graves. Este uso del Ejército siempre ha tenido consecuencias fatídicas contra la población civil. En Guerrero, en los años de la guerra sucia, los familiares hablan de más de 600 personas desaparecidas por el instituto castrense”.

En la primera década de este milenio, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió sacar al Ejército a las calles tras declararle la guerra al narcotráfico, “se incrementó el número de personas desaparecidas y asesinadas”.

Resulta preocupante que quieran enaltecer al Ejército y pedir la libertad de los militares detenidos, “cuando hay un pueblo agraviado que demanda que se enjuicie a los militares por estas atrocidades”, concluyó.