La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, los Centros de Identificación Humana y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense argumentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en México “se impulsa un proyecto de Estado con enfoque masivo de investigación forense de personas desaparecidas, siendo el único país que lo ha asumido como tal”.
En una audiencia ante la comisión –en Los Ángeles, California, solicitada por las instancias mexicanas, se expuso que al comienzo de la administración federal se evidenció la crisis forense, con al menos 52 mil cuerpos sin identificar, cientos de miles de restos óseos altamente degradados y miles de sitios de hallazgo de fosas de inhumación clandestina.
También se declaró que, antes de 2015, era común la ausencia de procesos y protocolos en la materia. Faltaban la infraestructura y los recursos humanos y materiales para responder a nivel nacional. Además, no existía coordinación nacional y regional, sino escasos esfuerzos aislados para combatir esa crisis, aunado a que se carecía de una metodología con enfoque masivo dirigida exclusivamente a la búsqueda de ciudadanos desaparecidos.
Las acciones
Para hacer frente a esas omisiones, desde la sociedad civil se impulsó la comisión forense, también grupos forenses, e incidencia de organizaciones externas que desempeñaban labores con algunas fiscalías estatales. En 2017, con impulso y participación de las familias de desaparecidos, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. A partir de 2019, se inició el reparto presupuestal para fortalecer las capacidades forenses con enfoque específico en la averiguación del paradero de diversas víctimas.
Para ese mismo año, el gobierno se comprometió con la CIDH a establecer un mecanismo extraordinario de identificación forense, el cual surgió como demanda de los allegados de las personas no localizadas. Entonces, se crearon los centros de identificación humana locales, regionales y el nacional. Y se elaboró una nueva metodología para la búsqueda forense con enfoque masivo.
Al plantearse dicha labor como “asunto de Estado”, se generó el acompañamiento técnico forense de expertos internacionales, con una perspectiva de búsqueda masiva. Se trata de un proyecto de canje de expedientes de diversas bases de datos, para abonar al fortalecimiento de las incursiones de localización de individuos, así como la interconexión de la información forense. También se realizaron acuerdos institucionales con fiscalías locales y sus respectivos servicios forenses.
Con ello devino la disposición de un banco de información genética administrado por la División Científica de la Guardia Nacional, conocida anteriormente como Policía Científica de la Secretaría de Seguridad Pública. Además se concretó el fortalecimiento del andamiaje jurídico para la búsqueda de personas con el Protocolo Homologado de Búsqueda, lo cual implicó una reforma a la ley en la materia.
A la fecha, por iniciativa presidencial –subraya la presentación– se fundó el Centro Nacional de Identificación Humana. Con lo anterior, México se ubica como el único país que incluye en la legislación el enfoque humano masivo dirigido únicamente a personas desaparecidas.
Con el Fondo de Población de Naciones Unidas y con la Oficina de Derechos Humanos de dicha organización multinacional se han establecido alianzas de trabajo para garantizar la recuperación digna, organizada y técnica de personas no identificadas. Además de la toma de muestras referenciales sin importar si existe o no denuncia, de forma gratuita y con carácter confidencial.
Se constituyó un módulo sobre fosas comunes en la CNB, el cual deberá alimentar el registro de personas no identificadas (a la fecha hay 22 mil 534).
También un registro interno de fosas clandestinas, que alimentará el Registro Nacional de Fosas Comunes. Y se estableció un procedimiento específico de vinculación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la sistematización de datos.
