Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), procedentes de Guerrero, instalaron ayer por la tarde un plantón en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal la liberación de Gilberto Aguirre, Antonio Barragán y Orlando Mesino, presos desde hace más de 20 años, a quienes, aseguran, se les fabricaron delitos para ser encarcelados, además de ser víctimas de tortura.
El campamento que, sostuvieron no retirarán hasta que tengan una respuesta positiva a su petición, lo instalan a menos de una semana del acto conmemorativo por la expropiación petrolera que se desarrollará el fin de semana en el primer cuadro de la Ciudad.
Son, también, víctimas relacionadas con la masacre de Aguas Blancas, perpetrada el 28 de junio de 1995, tras lo cual fueron objeto de persecuciones que terminaron con sus detenciones en 2001, 2002 y 2011, explicó Norma Mesino, representante de la OCSS y prima de Orlando.
Los casos de Gilberto Aguirre y Antonio Barragán ya están en el Comité Permanente de Seguimiento para la Preliberación de las Personas Sentenciadas de la Secretaría de Gobernación, luego de cumplir más de 24 años detenidos, procesos en los que también se pide una reparación del daño.
“Durante muchos años fueron torturados de manera cruel” bajo la autorización del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, tras lo cual hubo una represión selectiva, que provocó desplazamiento forzado, agregó.
El compromiso del gobierno federal, dijo Norma Mesino, fue la liberación de cuatro detenidos, quienes fueron reconocidos como víctimas de la represión de autoridades de sexenios anteriores. No obstante, sólo ha quedado en libertad Jerónimo Hernández, mientras los casos de Aguirre y Barragán siguen en proceso, y de la causa de Orlando Mesino aún no hay avances. Por lo que pidieron una mesa para analizar los casos en conjunto.
Los integrantes de la OCSS recordaron que no son las únicas personas por las que piden justicia, ya que en la masacre de Aguas Blancas se reportaron 17 homicidios de campesinos y 13 asesinatos de activistas sociales a manos de un grupo de policías y agentes judiciales de Guerrero, quienes dispararon contra los campesinos durante casi 20 minutos, según los registros ministeriales del caso.
