Como parte de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto federalizado correspondiente a la cuenta pública 2021, el cual es administrado por los estados, municipios, universidades e institutos y órganos locales, la instancia auditora detectó posibles irregularidades por contratos con empresas no registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), contratos con empresas de reciente creación, con compañías en la lista negra del SAT y pagos mayores a los montos contratados.

Dentro de un informe presentado a la Cámara de Diputados la semana pasada por el auditor especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, se explica que la ASF aplicó el Sistema de Control de Administración y Fiscalización de los recursos del gasto federalizado por medio de un mecanismo denominado modelo colmena, que permitió aumentar de manera “inédita” la cantidad de auditorías.

En el reporte se apunta que, en una muestra de 180 demarcaciones que hicieron 19 mil 671 contratos, detectaron que 86.3 por ciento fueron por adjudicación directa, 6.7 por ciento por invitación restringida y sólo 7.1 por ciento por licitación pública.

Como resultado de este proceso, la ASF detectó 10 contratos con empresas no localizadas por el SAT, 552 contratos con empresas de reciente creación con menos de dos años de antigüedad, tres contratos con empresas en lista negra del SAT y 729 contratos con montos pagados mayores a los contratados, además de 470 contratos con vigencias de hasta 15 días.

La importancia del gasto federalizado es tal que representa la principal fuente de ingresos de los gobiernos locales. Guerrero es la entidad que mayor dependencia tiene de los recursos federales, con 97.6 por ciento, seguido de Oaxaca, con 95.5 por ciento, y Chiapas, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Tabasco, Nayarit, Veracruz, Morelos, San Luis Potosí, Colima y Durango, con más de 90 por ciento.

Los demás dependen entre 73 y 89 por ciento de los mismos. El único caso que se sale de la media es la Ciudad de México, cuya dependencia de recursos federales es de 54.5 por ciento.

La semana pasada, en una reunión de trabajo con legisladores, Barriga Delgado detalló que, durante los pasados ejercicios, la ASF se había dedicado a auditar a 35 universidades públicas estatales, pero se habían dejado de lado institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, politécnicas y aeronáuticas, colegios de bachilleres y de capacitación para el trabajo, que se mantenían en una “zona de confort” por no ser auditados.