En México, 92 mil 615 personas se encuentran en prisión preventiva (sin haber recibido sentencia)y tienen a salvo sus derechos electorales. El dato, al corte de enero pasado, muestra el tamaño del reto para hacer efectivo su voto el año próximo, como prevé la nueva ley en la materia.

“Votar es un derecho frágil en prisión”, advirtió el magistrado Alejandro David Avante, presidente de la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En una mesa organizada por la escuela del TEPJF, participó Ana Georgina Domínguez Macías, quien estuvo 13 años en prisión preventiva. Ella fue aprehendida con violencia por elementos del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón y fue acusada de ser la contadora de un grupo criminal.

Después de muchos años pudo comprobar que fue torturada y privada de su libertad sin pruebas, obtuvo un amparo y pudo salir a esperar en libertad su sentencia. Y aun cuando la declararan culpable (por lavado de dinero y delincuencia organizada), la pena sería menor a todos los años que ya estuvo presa sin pruebas en su contra.

Al salir de la cárcel se topó con otro problema: no tenía credencial para votar y el INE se negaba a otorgársela. Sin identificación oficial, el ciudadano no puede hacer nada, ni siquiera abrir una cuenta bancaria o viajar.

Relató que desde prisión promovieron entre sus familiares el voto en favor de Andrés Manuel López Obrador, quien desde campaña prometió un programa de amnistía, en especial para personas como ella, que tenían más de 10 años privadas de la libertad sin recibir sentencia y además habían sido torturadas.

En 2019, la sala superior del TEPJF emitió una sentencia en la que confirmó este derecho político en la población privada de su libertad.

Dania Ravel, consejera del INE, explicó que para cumplir en 2020 con las indicaciones de la sala superior, se partió de cero.

El primer paso fue saber cuántos centros federales había en el el país. De los 20, fueron elegidos cinco para una prueba piloto, donde en conjunto había 2 mil 699 personas en prisión preventiva. La siguiente tarea era aclarar cuántos de ellos tenían credencial vigente para votar. En este primer ejercicio surgió una lista definitiva de 950 ciudadanos, de los que votaron 898.

Resistencias

En la segunda de las pruebas, realizada al año siguiente en Hidalgo, sólo votaron 116 personas. Y si bien se trata de una población local y mucho menor, el reto sigue siendo contar con autorización de los mandos de seguridad, no sólo para instalar las casillas, sino para difundir el sufragio y las plataformas partidistas, así como para lograr el ingreso de observadores electorales y representantes de partidos.

Para los comicios de este año, si bien ya hay acuerdo de avanzar con las autoridades del estado de México (donde están registradas 11 mil personas en prisión preventiva en 20 centros de readaptación), no ocurre lo mismo en Coahuila, donde hay resistencias y decisiones discrecionales que limitarían al extremo este ejercicio posiblemente a un centro femenil.