Madrid. El gobierno español del socialista Pedro Sánchez alcanzó el consenso con su socio de coalición, Unidas Podemos (UP), para poner en marcha un plan para garantizar las pensiones públicas en el futuro, uno de los principales problemas estructurales de la economía española. El plan prevé un aumento de las cotizaciones en las rentas más altas y una nueva forma de valorar las pensiones en general, con el objetivo de garantizar al Estado la recaudación necesaria para mantener el sistema, que desde el año 1985 arrastra un déficit estructural cada vez más abultado y, por tanto, se teme por su quiebra. Las patronales empresariales y las asociaciones de trabajadores autónomas ya expresaron su rechazo el plan.

España tiene un sistema público de pensiones que arrastra graves problemas. Uno de ellos es el déficit financiero que en los últimos ejercicios ha llegado a superar los 18 mil millones de euros durante un ejercicio, si bien en los dos más recientes se ha reducido ligeramente hasta 11 mil millones de euros. Que son finalmente la diferencia entre lo gastado y lo recaudado para garantizar el pago de las pensiones públicas.

Otro problema, también grave, es que cada vez hay más pensionistas y los trabajadores no aumentan en la misma proporción, debido a que la tasa de crecimiento demográfica es la más baja en la Unión Europa (UE), del 0.11 por ciento, y una parte importante de ese incremento es gracias a la inmigración. Se prevé que en 2050 habrá aproximadamente un trabajador por cada pensionado.

Para resolver este problema estructural, que muchos economistas definen como el principal y más grave reto de la economía, el gobierno presentó este nuevo plan, que tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, para así presentarlo tanto al Congreso de los Diputados como a las instituciones de la UE, que también siguen muy de cerca y miran con lupa cualquier reforma en este rubro para evitar una eventual quiebra que ponga en aprietos al conjunto de la economía de la región.

El ministro de la Seguridad Social, el socialista José Luis Escrivá, presentó el paquete de cambios ante sindicatos y empresarios, pero también a los grupos parlamentarios para conseguir el máximo consenso para llevarlo a cabo.

Entre las principales novedades destacan un plan que prevé que en las próximas dos décadas, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de su carrera laboral para calcular su pensión, pero también habrá una segunda opción, que será elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29. La ampliación del periodo de cómputo será así sólo opcional de partida y beneficiará principalmente a los trabajadores con carreras laborales más inestables, como aquellos que hayan estado temporadas en el desempleo.

Además, se plantea que en los próximos años aumentará la recaudación de los salarios más elevados, con una tasa denominada “cuota de la solidaridad”, que será de uno por ciento en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0.25 puntos por año hasta llegar a 6 por ciento en 2045.

El plan tiene previsto aumentar las remuneraciones de las pensiones más bajas del sistema, con lo que se establecerá una senda de subida para los próximos años hasta alcanzar al menos “60 por ciento de la renta mediana”.

La Confederación Española de Empresarios (CEOE) rechazó frontalmente el plan, pues a su juicio “mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”. A este rechazo se sumaron las principales agrupaciones sectoriales de la iniciativa privada y las asociaciones autónomas de trabajadores.