El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) suspender la aplicación y efectos del plan B, en tanto resuelve el fondo del asunto reclamado en la controversia constitucional entregada ayer al máximo tribunal.

En este recurso impugna 200 artículos de la reforma electoral por “vulnerar” 25 disposiciones de la Carta Magna relativas a derechos laborales de los empleados del INE y derechos políticos de la ciudadanía.

La de ayer es la segunda controversia interpuesta por el INE; la primera fue entregada el 1º de febrero contra los cambios a la Ley de Comunicación Social y de responsabilidades de servidores públicos.

“Es la hora de los tribunales. Confiamos en que el orden democrático y constitucional sea restaurado. #YoDefiendoAlINE”, tuiteó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En tanto, Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del INE, obtuvo una suspensión provisional a su despido, ordenado en los transitorios del plan B; no obstante, fuentes del órgano electoral dijeron que el ex funcionario esperará a obtener la suspensión definitiva, dentro del juicio de amparo promovido con el propósito de ser reinstalado. El alcance de la suspensión podría darse este viernes.

Por tanto, tocó a Roberto Hey­cher Cardiel, encargado de despacho de la secretaría ejecutiva, presentar la controversia constitucional, integrada en 444 páginas más los anexos.

Esta segunda controversia es contra el decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2022.

En un comunicado, el INE anotó que mediante este recurso “el instituto defiende no sólo su autonomía, sino el estado democrático establecido en la norma suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en casi 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.

La controversia está articulada en cuatro ejes. Primero: la violación al debido proceso legislativo por el Congreso de la Unión, “que, en franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.

El segundo se refiere a la independencia del INE ante los poderes Legislativo y Ejecutivo, la cual, a su juicio, fue invadida.

El tercer eje se refiere a la vulneración a las condiciones que afectan la certeza de las elecciones.

Finalmente, el instituto adujo afectaciones a su personal, “por el desmantelamiento de la estructura orgánica”; serán eliminadas, afirma, casi 85 por ciento de las plazas del servicio profesional electoral.

El INE confió en que la SCJN “restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”.

Mientras, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite otras 17 controversias constitucionales contra la primera fase del plan B, promovidos por municipios de Coahuila, estado de México, Nuevo León, Sonora y Michoacán.

Los municipios quejosos afirman que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas violan el principio constitucional de municipio libre.

Así, suman 56 las controversias constitucionales admitidas a trámite en la SCJN sobre el tema.