Son múltiples y son simultáneas. Son tormentas ambientales, militares, políticas, paramilitares, económicas, feminicidas. Es el narcotráfico como brazo de los poderosos y los estados. Es una política de acumulación de capital y de poder, depredadora de todo lo que encuentra a su paso. La violencia se ha convertido en el principal argumento de las clases dominantes.

No alcanza el espacio para nombrarlas, pero se resumen en muerte y destrucción. Ese es el capitalismo realmente existente que en América Latina no deja de avanzar sobre cadáveres, humanos y no humanos, seres vivos, ríos, cerros y praderas.

En las últimas semanas gobiernos y clases dominantes han desplegado una diversidad de modos de ataque a los pueblos, que revelan cómo el poder aprieta con sus garras. La comunidad autónoma Temucuicui, pueblo mapuche en el sur de Chile, fue atacada por carabineros con el saldo de un herido grave y la quema de la cosecha de trigo.

No es la primera vez que esa comunidad sufre represión, ni será la última. Pero quemar los alimentos es algo demasiado grave. El 10 de febrero les incautaron 80 toneladas de trigo y la pasada semana quemaron 50 hectáreas de la comunidad sin cosechar. “Carabineros reprimió violentamente las labores de cosecha, se registró una veintena de personas heridas con perdigones de acero” y el comunero Hugo Queipul en estado grave (https://bit.ly/3J4UFTQ).

El comunicado de la comunidad autónoma agrega que “este acto es la simple reiteración del trato del Estado terrorista chileno con el pueblo mapuche, que durante el siglo XIX quemaban las ruka [casas], las cosechas y arrebataban el ganado para ser entregados a los despatriados colonos que huían de la pobreza en Europa” (https://bit.ly/41PM8MR).

En Guatemala el periodismo está siendo criminalizado y perseguido. Un juez inició una investigación a un grupo de periodistas de elPeriódico por “obstrucción a la justicia”. Con toda razón, la justicia teme las investigaciones periodísticas porque ponen al descubierto la miseria del sistema.

“El objetivo final es o destruir al periodismo independiente como espacio democrático por excelencia, o contaminarlo lo suficiente como para que las voces más suspicaces se callen, se apliquen la autocensura y renuncien a confrontar al poder”, apunta La Prensa Gráfica (https://bit.ly/3ZvdpCJ).

También se está obstruyendo al Movimiento de Liberación de los Pueblos para que no pueda presentar candidatos, en una actitud que recuerda a la dictadura de Daniel Ortega. Pero se autoriza la candidatura de Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, prohibida expresamente por la Constitución, o a corruptos, juzgados y condenados por instancias internacionales (https://bit.ly/3mxIgQC).

Se asegura que El Salvador, Honduras y Guatemala (además de Nicaragua), ya no son democracias. ¿Es que alguna vez lo fueron? ¿Qué democracia puede construirse sobre la pobreza de 70 por ciento de la población, la marginación y la violencia?

Terminamos este breve recorrido con Argentina. El Unicef asegura que 66 por ciento de los niños son pobres y que 87 por ciento de las familias de los barrios populares tiene complicaciones para acceder a la comida. El periodista Darío Aranda sostiene que “como desde hace 200 años, la principal idea de los gobernantes locales es ser proveedor de materias primas, que es justamente una de las principales causas de la pobreza y la dependencia” (https://bit.ly/3mAzocJ).

Agrega: “Sus propuestas para salir de la crisis fueron las mismas que en 2022: más megaminería, más agronegocio, más explotación petrolera y de litio”. No quieren ir más allá que repetir una y otra vez lo mismo que ya fracasó, y que está en la base de los problemas actuales. Alberto Fernández, el presidente argentino, parece estar copiando a AMLO, en el sentido de resolver la violencia con más armas en la calle. Ante la ofensiva narco en Rosario, su respuesta es enviar policías y militares (https://bit.ly/3T2Zrpd).

En los países mencionados hay gobiernos tanto de derecha como de izquierda, conservadores y progresistas. Pero todos hacen exactamente lo mismo. Unos con mejores modales. Otros más brutos. Lo que no se pone en cuestión es el modelo de acumulación por despojo. El único debate realmente existente es cómo gestionar un modelo que ni derecha ni izquierda discuten: una realidad imposible de ocultar con elecciones y con “derechos”.

Nos predican derechos cuando el extractivismo los viola sistemáticamente. Utilizan los bienes comunes para pagar la deuda externa, complacer a las multinacionales y a los grupos dominantes. Por eso Aranda concluye: “Los gobiernos no piensan en la próxima generación, sino en la próxima elección”. Pero en las zonas devastadas por el modelo, ya se habla de “dictadura minera”.

No se derrota al modelo desde las instituciones, sino desde la acción directa de abajo. Podemos aprender de los pueblos originarios y de las mujeres que luchan: no es con decretos y leyes como se frena al extractivismo, sino con la rebelión organizada.