La Cámara de Diputados avaló modificaciones al Código Penal Federal para sancionar hasta con 22 años y medio de cárcel a quienes ataquen a una mujer, persona con discapacidad o a un menor de edad con ácido o sustancias corrosiva.

Si afectan más de la mitad del cuerpo, órganos o funciones vitales, o ponen en peligro la vida, se considerará homicidio o feminicidio en grado de tentativa. En el dictamen aprobado por unanimidad –que se remite al Senado– también se adiciona un párrafo a la Ley de General de Víctimas para garantizar acceso a cirugías reconstructivas a los afectados.

En el caso de la modificación al Código Penal, se establecen penas de siete a 15 años de prisión y de 300 a 700 días de multa para quienes agredan a otra persona (indistintamente de su sexo o condición), por medio de ataques, ya sea de manera directa o por interpósita persona, con ácido, álcali y agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.

Cuando la lesión o lesiones afecten cara, cuello, brazos, manos u órganos sexuales de la víctima, la pena aumentará hasta un tercio; en tanto, se incrementarán hasta en una mitad las sanciones cuando se trate de mujeres, personas con discapacidad o menores.

Anahí González (Morena) subrayó que en México no existe un banco de datos sobre las mujeres que han sido atacadas con ácido, pero “algunas cifras indican que al menos han sido 3 mil 354 en los últimos 12 años”, de las cuales, 270 fueron ingresadas a un hospital público; en su mayoría, los perpetradores fueron hombres.

Los casos de la saxofonista María Elena Ríos, Carmen Chávez, Esmeralda Millán, Elisa Xolalpa y Ana Elena Saldaña fueron considerados ejemplo de la impunidad que prevalece ante este tipo de violencia.

A su vez, Monserrat Arcos (PRI) recordó que el año pasado, Myrta Itzel murió en la alcaldía Cuauhtémoc al sufrir graves lesiones por ácido, y a Luz Raquel Padilla le arrojaron alcohol y la quemaron viva, “a pesar de que había denunciado un ataque anterior con cloro y amenazas”.

En otra reforma al Código Penal Federal, los diputados avalaron sanciones a servidores públicos que retarden o entorpezcan la procuración de justicia en casos de feminicidio, con prisión de cuatro a 12 años.

En la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria de Arely Pablo, mexicana que murió en la balacera tras el secuestro de cuatro estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, la semana pasada.

Por la mañana, el Instituto Nacional de las Mujeres firmó un convenio de colaboración con la Cámara de Diputados para planear, elaborar y ejecutar en conjunto actividades encaminadas al fortalecimiento e institucionalización de la perspectiva de género en el órgano legislativo.