En una audiencia pública sobre búsqueda forense, solicitada por el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vicepresidenta de este órgano y relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, si bien reconoció los esfuerzos gubernamentales para atender la crisis en esta materia, con más de 52 mil cuerpos sin identificar –según organizaciones civiles–, pidió que se desarrolle una política nacional y que existan una articulación efectiva entre instituciones.

Asimismo, después de escuchar los reclamos de familiares de personas desaparecidas, quienes lamentaron que a la fecha el Estado no cuenta con una cifra oficial del total de cuerpos sin identificar y que desde diciembre de 2021 ha dejado de contemplar su voz en los procesos legislativos y normativos, la comisionada resaltó que sin ellas no se logrará hacer frente a la crisis forense, por lo que necesitan participar en todos los procesos.

Al abrir la audiencia, los represen-tantes del Estado mexicano, encabezados por Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda, destacaron la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, los centros de identificación humana locales, regionales y nacionales y la metodología de enfoque masivo.

El equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) enfatizó que el Banco Nacional de Datos Forenses ya está operando, aunque sigue nutriéndose. Indicó que en la base de datos antemortem y postmortem, alimentada con información de fiscalías estatales y la FGR, se alojan más de 15 mil registros de personas desaparecidas, así como más de 10 mil personas fallecidas por identificar.

En esta base “tenemos un registro de 616 fosas clandestinas de las que se han recuperado mil 264 cuerpos”, además de que en el último año se registraron 25 identificaciones mensuales en promedio, y hasta la fecha se tiene un total de 3 mil 352 personas identificadas, indicó Joaquín Torres, director general de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

Por parte de los familiares de víctimas, Adriana Moreno, madre de Víctor Adrián Rodríguez, desaparecido en 2009 en Coahuila, expresóque el gobierno mexicano “nos ha fallado” y reprochó la “ineficiencia institucional”. Mientras, familias de migrantes lamentaron que no existan “mecanismos de coordinación con enfoque trasnacional y diferenciado para la búsqueda e identificación” que involucre a instituciones nacionales y de otros países.