En el marco de su 156 periodo ordinario de sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) convocó a presentar observaciones a la opinión consultiva presentada a finales del año pasado por el Estado mexicano sobre las actividades de las compañías privadas de armas y sus efectos sobre los derechos humanos.

La solicitud de México, en el contexto de las demandas que ha interpuesto en Estados Unidos en contra de fabricantes de armas, se refiere a asuntos relacionados con “la falta de debida diligencia, prácticas negligentes o intencionales” por parte de estas empresas privadas “que facilitan su tráfico ilícito, su disponibilidad indiscriminada entre los integrantes de la sociedad y en consecuencia aumentan el riesgo de violencia perpetradas con las mismas en la región”.

Plantea una consulta respecto a la responsabilidad de estas entidades privadas en relación con violaciones a la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, “en virtud de la negligencia en la que incurren al desarrollar sus actividades comerciales, que pone en riesgo directo la vida de las personas bajo jurisdicción de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos”.

Asimismo, sobre los esfuerzos que los Estados deben emprender para garantizar la protección judicial en favor de las víctimas.

En la solicitud que presentó México en noviembre de 2022, se señala que cada año se trafican ilegalmente al país más de 500 mil armas desde Estados Unidos.

Indica que de 1999 a 2004, años en los que la venta de rifles de asalto estuvo limitada, los homicidios en México fueron disminuyendo; “se cometieron menos de 2 mil 500 con armas de fuego en 2003. Después de que expirara la prohibición, de 2004 a 2008, la tasa se incrementó 45 por ciento”.

Entre 2006 y 2021 asesinaron a 415 agentes

En 2019, agrega, “las armas de fuego fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en la República Mexicana, llegando a ser el tercer país del mundo con más muertes relacionadas con armas”. De 2006 a 2021, dispositivos de este tipo traficados fueron utilizados para matar “a por lo menos 415 miembros de la Policía Federal y de la Guardia Nacional y para herir al menos a 840 más”.

Ante la solicitud de México, la Coridh invitó a todos los interesados a que presenten su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta, y se tiene como plazo límite el 10 de julio próximo.