La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la propuesta para limitar las facultades de las fuerzas armadas para intervenir comunicaciones privadas, incluyendo celulares y congelar activos financieros durante una investigación penal. El tema se votará el miércoles próximo, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales, vigentes desde 2016.

Las porciones que se propone invalidar son señaladas por el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, como invasiones del fuero militar en el civil, contrarias al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla-Pacheco, emitida en 2009.

Aguilar Morales señala que varias disposiciones de los códigos militares vigentes desde hace nueve años permiten a la Fiscalía General de Justicia Militar investigar a civiles durante las pesquisas de delitos del fuero castrense.

Por ejemplo, señala la ambigua redacción del artículo que permite a los militares intervenir las comunicaciones por celular.

Incertidumbre

“Lejos de generar certeza, causa incertidumbre en relación con cuál es el límite de esta atribución, dado que sólo se menciona la causa por la que puede ejercerse, pero no se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo, lo cual puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense”, apunta el proyecto.

También se analizan la facultad de las autoridades militares para asegurar activos financieros previsto en el artículo 238 del Código Militar de Procedimientos Penales, que se propone invalidar debido a que no se establece que esta medida de investigación se sujete a control de un juez civil.

El proyecto también señala que los códigos militares contienen disposiciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, al limitar sus derechos para actuar en procesos judiciales. Al invalidar estas porciones, Aguilar propone que se dé al Legislativo un plazo de 18 meses para hacer una consulta entre este sector de la población y aprobar normas que incluyan sus opiniones.

Esta propuesta será sometida a discusión del pleno de ministros el 14 de marzo.