Washington. Aunque el presidente Joe Biden ha condenado lo que llama crímenes de guerra de Rusia en Ucrania y ha llamado por el enjuiciamiento de Vladimir Putin, su propio gobierno ahora rehúsa compartir información sobre estos supuestos delitos ante la Corte Penal Internacional en La Haya por preocupaciones de que dicha colaboración podría establecer un precedente para un eventual enjuiciamiento de militares estadunidenses por crímenes de guerra.

De hecho, Estados Unidos tiene una ley que específicamente establece que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene autoridad para presentar casos de crímenes de guerra contra ciudadanos, funcionarios del gobierno o militares estadunidenses y autoriza el uso de fuerza militar para “rescatar” a cualquier ciudadano u oficial de su país que sea presentado para ser enjuiciado en La Haya, sede la corte.

Washington es uno de siete estados que votaron en contra de establecer la CPI, y se ha negado a ratificar esa convención. Ahora, la administración de Joe Biden está promoviendo que la corte proceda a enjuiciar a rusos por crímenes de guerra, pero al mismo tiempo insiste en que ese tribunal no tiene autorización para evaluar presuntos delitos similares perpetrados por sus connacionales en el mundo.

Esta renuncia de la Casa Blanca de aceptar la autoridad dicha corte fue criticada el año pasado por la diputada federal demócrata Ilhan Omar. Después de coincidir con Biden en que Putin debe ser calificado de “criminal de guerra”, la legisladora declaró que es hipocresía llamar por el enjuiciamiento de Rusia mientras Estados Unidos se opone a cualquier investigación criminal y rehúsa colaborar de forma incondicional con ese tribunal. “Si nos oponemos a investigaciones sobre países como el nuestro, que no se han sumado al CPI, ¿cómo podemos apoyar una indagatoria sobre Rusia, otro país que no se ha adherido a la referida corte?”, preguntó.

Pero el Pentágono está preocupado por esta contradicción. “Líderes militares estadunidenses se oponen a ayudar a la corte a investigar a los rusos porque temen establecer un precedente que podría llevar a que enjuicien a estadunidenses”, reportó The New York Times esta semana. El rotativo expone que otras agencias del gobierno han presionado a favor de la colaboración de Washington con la corte sobre el caso de Ucrania, pero en el entendido de que Estados Unidos continuará rechazando involucrarse con esa corte en otros asuntos.

Existe un consenso bipartidista en contra de integrarse al tribunal desde sus inicios en los años 90. En 2002, el Congreso aprobó, y el entonces presidente George W. Bush promulgó una ley que específicamente veta al gobierno de cooperar con la CPI, incluyendo otorgarle fondos, información o cualquier apoyo para sus actividades. “La Ley de Protección del Personal de Servicio Estadunidense” autoriza al Ejecutivo a “usar toda medida necesaria y apropiada para lograr la liberación de cualquier persona” estadunidense detenida bajo órdenes de la corte –medida que informalmente fue calificada de ley de la invasión de La Haya”.

La prohibición original sobre la colaboración sí incluía una excepción para el enjuiciamiento de enemigos de Washington, como Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Osama bin Laden y otros líderes de Al Qaeda y de la Jihad Islámica. Recientemente, Estados Unidos ha prestado apoyo simbólico para el enjuiciamiento de algunos líderes africanos acusados de crímenes de guerra.

En las dos décadas pasadas, el juez español Baltasar Garzón, quien buscó llevar ante tribunales al dictador chileno Augusto Pinochet, también ha sugerido que el ex presidente Bush, el ex vicepresidente Dick Cheney y otros estadunidenses sean formalmente acusados de crímenes de guerra en Irak. El gobierno estadunidense se ha opuesto vigorosamente contra estos esfuerzos y en el mandato de Donald Trump se sancionó a funcionarios del tribunal internacional por atreverse a sugerir que se abran investigaciones por crímenes de guerra perpetrados durante la ocupación estadunidense de Afganistán. Bajo el gobierno de Biden, el secretario de Estado, Antony Blinken, se ha opuesto a la decisión de fiscales de la CPI de comenzar una pesquisa sobre el trato de Israel contra palestinos, pero Biden, su equipo y el Congreso respaldan que se realice un proceso judicial contra Rusia y su líder Putin ante La Haya.

En diciembre de 2022, el Congreso aprobó una enmienda a la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadunidense específicamente para permitir una colaboración para indagar presuntos crímenes cometidos por Rusia en Ucrania, pero dejando claro que oficiales y militares estadunidense jamás pueden ser obligados a rendir cuentas ante esa misma corte.

“Hemos participado en un proceso durante tanto tiempo para deslegitimar a estas instituciones internacionales, que esencialmente llaman por la rendición de cuentas, y creo que es realmente preocupante que ahora pensamos que son suficientemente poderosas como para hacer que Rusia rinda cuentas”, comentó la diputada Omar en una entrevista con el Huffington Post. “Es fácil que la gente vea la hipocresía en esas afirmaciones cuando hemos venido diciendo que no creemos en la capacidad de la corte de ser imparcial”.

La justicia, al parecer, no es igual para todos.