¿Para qué son útiles alrededor de 140 mil millones de pesos del erario? Con ellos se pueden atender las urgencias sociales del país, realizar inversiones en beneficio del pueblo mexicano, generar empleo formal y bien remunerado, amortiguar el peso de la deuda pública y tantas otras cosas que permitan impulsar el crecimiento y el desarrollo nacionales. Es un mundo de dinero, todo proveniente de los impuestos que pagan los habitantes de esta República saqueada durante el régimen neoliberal y años anteriores.
Para esos fines son los recursos públicos, pero Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y mafia que los acompañó decidieron que el mejor destino era la corrupción y qué mejor que Genaro García Luna para concretar tal fin. Desde luego, las alforjas del ex secretario calderonista de Seguridad Pública no fueron las únicas que se llenaron, pero es muestra fehaciente de las “prácticas” neoliberales para saquear al país.
En la mañanera de ayer –realizada en el ostentoso “bunker” de García Luna (3 mil 400 millones de pesos sin licitación)–, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, detalló que el brazo derecho de Calderón “operaba con su círculo más cercano una trama de corrupción que entre 2006 y 2018 obtuvo una cantidad espeluznante de 700 millones de dólares (alrededor de 140 mil millones de pesos) por operaciones ilícitas”.
Y algo más: como parte de ellas, las empresas de García Luna que formaban parte de esta red, “hay una transferencia interbancaria del 24 de abril de 2015 consignada dentro del sistema financiero mexicano de parte del Partido Acción Nacional por un millón 160 mil pesos. La conexión comercial que había entre el PAN y una empresa encabezada por García Luna no era ajena a la relación con su partido. Existen vínculos que no tienen que ver con ideas, sino algo mucho más cercano al grado de tener un vínculo comercial” entre dicha agrupación política y el ex funcionario. “Existe una relación económica entre el PAN y la empresa madre de la trama corrupta, propiedad de García Luna”.
En esta trama de corrupción “no sólo operó bajo el gobierno panista, sino el priísta subsecuente, porque en ese momento ya estábamos en una situación muy desarrollada del sistema Prian; no es una serie de relaciones casuísticas, sino un desarrollo que tiene ya carácter histórico y que se expresa en la vida cotidiana y política del país”. También existieron contratos con el gobierno de la Ciudad de México, en tiempos de Miguel Ángel Mancera.
El titular de la UIF subrayó que toda la información “ya se presentó ante la Fiscalía General de la República y se espera que Alejandro Gertz Manero presente las denuncias y solicite las órdenes de aprehensión correspondientes. En esta red participaron personajes como la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y Luis Cárdenas Palomino, entre otros”.
En el detalle, Pablo Gómez explicó que en el sexenio de Felipe Calderón “dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna, por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares. Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras”, aunque tales consorcios formaban parte del operativo de corrupción armado y dirigido por García Luna.
En la catarata de dinero público involucrado en esta trama personal al servicio de García Luna firmó los contratos (sin licitación), y entre los involucrados aparecen el ex comisionado de la Policía Federal, Rodrigo Esparza Cristerna, obviamente Luis Cárdenas Palomino, el ex comisionado del Órgano Preventivo de Prevención y Readaptación Social Eduardo Enrique Gómez García, de la mano el ex coordinador regional de los centros federales Gonzalo Villarreal Guerra, y más.
Y esos dineros sucios son los que reclama el gobierno mexicano ante un tribunal de Florida, en el entendido de que el gobierno de Felipe Calderón fue “un narco gobierno de principio al fin, espurio, que lo impuso la oligarquía mexicana” (López Obrador dixit).
Las rebanadas del pastel
Sin decoro alguno, porque hay que desquitar, el noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó la suspensión provisional a Edmundo Jacobo Molina (Porfirito) para su reinstalación como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), porque, aseguran los magistrados “la separación del cargo podría causarle daños y perjuicios de difícil reparación”. De ese tamaño son los “guardianes de la Constitución”.
Twitter: @cafevega
