Las personas mexicanas o personas de origen extranjero que viven a lo largo de la frontera de nuestro país, aportan los mayores ingresos a nuestra economía nacional a través de dólares. Para ayudar a su familia, importan vehículos de procedencia extranjera. Por desconocimiento, olvido o simple descuido, los ingresan a México sin la documentación requerida. Conforme a la Ley Aduanera, están sujetos al pago de multas cuantiosas; además, los vehículos son decomisados y se determinan a su cargo, créditos fiscales muy altos, determinados por la autoridad hacendaria.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene la facultad de realizar control difuso de constitucionalidad; facultad poco aplicada por los Magistrados.

La Segunda Sección de la Sala Superior del citado Tribunal, aparte de revisar su competencia original, que es resolver sobre la legalidad de la actuación de las autoridades aduaneras, de manera oficiosa ha procedido a declarar la inconstitucionalidad del artículo 5º, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, que establece una multa equivalente al 130% del impuesto general de importación omitido actualizado. Lo que es contrario a la Constitución, afectando grandemente a nuestros compatriotas.

* Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa