En días pasados, se publicó el Índice de desarrollo democrático (IDD-Mex) 2022 que mide la calidad democrática en el país a escala federal y en sus entidades. Elaborado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, el índice arroja un dato que los expertos califican de preocupante, pues desde 2021 el país se encuentra en los niveles más bajos de calidad democrática, con un promedio nacional de 4.264 puntos en una escala de 10.
No menos preocupante es la situación a escala estatal. El estado de Puebla, en el marco de este índice, aparece por primera vez como la entidad federativa peor evaluada del país, sitio que había ocupado Guerrero en los últimos cinco años de manera consecutiva. Son siete los puestos del índice que ha descendido nuestro estado en los últimos tres años. Si bien Puebla siempre se ha ubicado en el último tercio del índice, la situación de los últimos años ha trazado una curva de disminución generalizada en distintos indicadores sobre la fortaleza y estabilidad democrática medida en las dimensiones social, económica, institucional y ciudadana.
Otras mediciones corroboran la situación de Puebla revelada por el IDD-Mex; como es el caso del Índice de estado de derecho 2021-2022 realizado por World Justice Project, que ubicó a Puebla en el sitio 27 nacional en el rubro de la eficiencia en su sistema de justicia penal y en el penúltimo lugar en materia de garantía y protección de los derechos fundamentales. El IMCO, por su parte, en su Índice de competitividad estatal 2022, colocó a Puebla en la posición general 25, destacando por ser el estado con menor puntaje en el subíndice de Sistema Político Estable y Funcional. Entre los indicadores de este subíndice, se ubica a Puebla como la entidad con menor participación electoral, el tercer estado con mayor percepción de corrupción de los partidos políticos y el tercero con mayor número de agresiones documentadas a periodistas.
No cabe duda de que la inercia política que ha caracterizado al estado en los últimos periodos de gobierno ha coadyuvado a la deslegitimación de las instituciones y a la pérdida de la confianza en el sistema democrático estatal. Desde el fin del mandato de Rafael Moreno Valle, en enero de 2017, Puebla ha tenido seis gobernadores en seis años, muestra de la inestabilidad y volatilidad política que ha prevalecido en la entidad, con el comprensible desgaste en la intensidad del involucramiento de la ciudadanía en los procesos de participación. Particularmente la última gubernatura, que encabezó Miguel Barbosa Huerta, mantuvo índices de aprobación que llegaron a ser inferiores a 40 por ciento, manteniéndose como la cuarta entidad con la menor aprobación ciudadana a su gobierno estatal.
El contexto político y democrático poblano ha sido todo menos fácil; y, de cara a los procesos electorales de 2024, la crispación y polarización en ascenso en el entorno nacional amenazan con mermar aún más los asideros democráticos en la entidad. No obstante, los cambios en la titularidad del gobierno estatal y en su gabinete, obligados por el sorpresivo deceso de Miguel Barbosa, han abierto una nueva ventana de oportunidad para enmendar y reparar la solidez institucional, de modo que permita el fortalecimiento democrático en todas sus dimensiones. La llegada de Sergio Salomón Céspedes a la cabeza del gobierno entraña para Puebla una nueva oportunidad para favorecer la apertura al diálogo y la colaboración, la democratización de las prácticas políticas y la priorización de la atención a los clamores de la realidad poblana, que día a día suma a más víctimas de la crisis de violencia, inseguridad, impunidad, desigualdad y pobreza que vive la entidad.
En este sentido, la reciente aprobación de la l ey Monzón, que quita la patria potestad a las personas acusadas como feminicidas; la aprobación de la ley ácida, que tipifica como tentativa de feminicidio los ataques con alguna sustancia corrosiva; así como el plan estratégico Paz, seguridad y justicia, que fortalece al sistema de seguridad pública del estado, son indicios afortunados que podrían anunciar una pauta diferenciadora.
Sabemos que el reto es complejo, el tiempo es escaso y los riesgos que entraña el inminente proceso electoral son numerosos, pero mayor es la urgencia de la sociedad por experimentar en su vida cotidiana los reflejos de un ejercicio de gobierno distinto, que ponga en el centro a las víctimas y a las instituciones a su servicio, desde una perspectiva de inclusión, equidad y justicia.
Puebla tiene hoy de nuevo la oportunidad de revertir las inercias que han caracterizado su historia reciente y reivindicar su vocación democrática, su potencial y su protagonismo en el contexto nacional. Desde este espacio refrendamos la apuesta de que, no sólo el gobierno estatal, sino todos los actores implicados en esta coyuntura decidirán construir un nuevo horizonte.
