En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, 19 organizaciones dedicadas al acompañamiento de víctimas de la violencia criminal en el país, la defensa de los territorios y los derechos humanos, comunican al mandatario cinco propuestas para “construir un México donde la paz, la igualdad, la justicia y la democracia sean una realidad”.

Los organismos consideran necesaria “una estrategia nacional de largo aliento para abordar las causas estructurales de la violencia que ha trastocado la dinámica social, económica, política y ambiental de nuestro país”. Apuntan: “Creemos que estas acciones pueden ser iniciadas por su gobierno y continuadas por los siguientes”.

La primera propuesta consiste en “reforzar las acciones para cortar o dificultar el flujo de capitales para la delincuencia; la creación de un observatorio ciudadano que fortalezca las acciones de gobierno para fiscalizar, auditar y congelar las cuentas bancarias de los empresarios ligados al crimen organizado; ampliar el control patrimonial y llevar a cabo auditorías a los gobernantes y candidatos cuando exista sospecha o denuncias de vínculos con el crimen organizado, así como crear un mecanismo extraordinario de justicia con acompañamiento internacional”.

En seguida plantean “programar a mediano plazo el retorno del Ejército a sus funciones constitucionales”, junto con acciones encaminadas “a que la seguridad sea resguardada por una policía profesional con estrategias de investigación, contención y prevención bajo una autoridad civil”. Consideran que se debe priorizar el desarme de los grupos criminales.

Se pronuncian por “depurar y vincular a las fiscalías y jueces estratégicamente para lograr la aprehensión de todos los implicados en el narcotráfico, asesinatos, desapariciones, feminicidios, sean funcionarios, militares o gobernantes” y crear una “gran Comisión de la Verdad”.

Sugieren “regularizar el uso y comercio de las drogas para desalentar la violencia que conlleva su cultivo y tráfico ilegal, reforzar el combate a las adicciones desde una perspectiva de salud pública con acciones escolares, barriales y comunitarias dirigidas a la prevención desde las edades más tempranas. Por último, instan al Estado a “fortalecer y ampliar el funcionamiento de los mecanismos existentes para interponer denuncias o solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas”.

Entre las organizaciones firmante también se encuentran el Comité Madres y Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad para América Latina Óscar A. Romero, Servicio, Desarrollo y Paz, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo, Coahuila.

Los remitentes consideran que la desbordada violencia en nuestro país permitió la creación de redes criminales “al amparo del modelo de desarrollo neoliberal, en contubernio entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, delincuencia organizada, empresarios, y fuerza armadas, policiales, legales e ilegales, que promovió la corrupción y el individualismo, erosionando el tejido social y causando descrédito en los mecanismos de impartición de justicia”.

Y señalan: “la corrupción, la prepotencia y abuso de la autoridad con los que se ejerció el poder durante décadas generó desconfianza y resentimiento, así como un gradiente de violencia infligida que se ejercía impunemente de arriba hacia abajo. La impunidad y nuestra indiferencia han dejado que la violencia se normalice y se extienda, ocupando un lugar cada vez mayor en nuestras vidas; se ha apoderado de nuestro lenguaje, vive en nuestros hogares, nuestras calles, nuestro trabajo y hasta en las escuelas”.

Los firmantes se asumen como “ciudadanas y ciudadanos que hemos impulsado los actuales cambios en la lucha por la democracia, autoconvocados, rebeldes, renuentes a seguir normalizando la violencia y a aceptar que ésta siga apoderándose de nuestras vidas y de nuestro país; nos asumimos como parte del pueblo”.

Consideran correcta la demanda del gobierno contra los fabricantes de armas en los tribunales de los Estados Unidos, “una acción justa y fundamental para poner fin al tráfico de armas”. Convencidos de que la crisis de seguridad “rebasa las capacidades de cualquier gobierno”, destacan que la población necesita adoptar “un papel más activo y propositivo”.