El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó a la Secretaría de Marina (Semar)indemnizar a Claudia Medina Tamariz con 3 millones 763 mil pesos como reparación del daño. En su demanda comprobó que fue torturada y vejada sexualmente para obligarla a autoincriminarse como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación.

Medina Tamariz fue torturada por marinos en agosto de 2012.

Por mayoría de votos, el pleno de la sala superior del TFJA aprobó el proyecto del magistrado Rafael Estrada Sámano, quien determinó que en el caso juzgado con perspectiva de género concurrieron todas las pruebas para determinar que existió una víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de la violación al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica.

“Como medida de satisfacción se ordena a la Semar que atienda el principio de inocencia y que a su cargo publique con la misma relevancia, en los mismos medios, con el mismo espacio y circulación o audiencia a que fue dirigida la información original de la acusación que se hizo a la hoy actora como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación.”

También, que el juez cuarto de distrito en Veracruz emita una nueva resolución en la que declare que en los autos de la causa penal 8/2014 “no obran datos suficientes con los que se acredite de manera probable la responsabilidad de la actora en la comisión del delito de delincuencia organizada en la modalidad de uso de vehículos robados para la comisión de otros ilícitos”.

Asimismo, la sala superior determinó que la violencia que sufrió Medina Tamariz fue por el hecho de ser mujer y provenir de un núcleo social vulnerable, lo que la afectó de forma desproporcionada.

El fallo da cumplimiento a una sentencia de amparo por falta de resolución en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ante la Semar en seguimiento al caso originado en agosto de 2012, cuando elementos de la Marina detuvieron a la mujer y se le acusó de pertenecer a la organización criminal.

Tras haber sido juzgada y encontrada inocente, Medina Tamariz demandó la responsabilidad patrimonial del Estado –toda vez que fueron elementos de la Semar quienes realizaron la detención– por daños materiales en su vivienda, así como perjuicio moral y físico. Por ello se determinó que esta dependencia deberá reparar los perjuicios mediante indemnizaciones, además de que tendrá que efectuar medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición.