El ministro Luis María Aguilar Morales propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular fracciones de 29 artículos de los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales expedidos el 16 de mayo de 2016, y cuya constitucionalidad fue cuestionada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Las porciones que se propone invalidar son señaladas por el ministro ponente como invasiones del fuero militar en el fuero civil, contrarias al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla-Pacheco, emitida en noviembre de 2009.

Aguilar señala que varias disposiciones de los códigos militares vigentes desde hace nueve años permiten a la Fiscalía General de Justicia Militar investigar a civiles.

Por ejemplo, señala, en la ambigua redacción del artículo que permite a los militares intervenir las comunicaciones por celular.

“Lejos de generar certeza, causa incertidumbre en relación con cuál es el límite de esta atribución, dado que sólo se menciona la causa por la que puede ejercerse, pero no se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo, lo cual puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense”, apunta el proyecto de Aguilar.

También se analizan la facultad de las autoridades militares para asegurar activos financieros previsto en el artículo 238 del Código Militar de Procedimientos Penales, que se propone invalidar debido a que no se establece que un esta medida de investigación debe ser sujeta a control de un juez civil.

El proyecto también señala que los códigos militares contienen disposiciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad, al limitar sus derechos para actuar en procesos judiciales. Al invalidar estas porciones, Aguilar propone que se dé al Poder Legislativo un plazo de 18 meses para hacer una consulta entre este sector de la población y aprobar normas que incluyan sus opiniones.

Esta propuesta será sometida a la discusión del pleno de ministros el próximo martes 14 de marzo. Como sucede con todas las leyes ya en vigor, será necesario que se alcance una mayoría calificada de ocho votos para que cualquiera de las porciones impugnadas de los códigos militares pueda ser invalidada.