El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa para modificar el artículo 33 constitucional, conocido por establecer la expulsión del país de los extranjeros que participen u opinen acerca de temas políticos. La reforma propuesta por el Ejecutivo federal elimina el párrafo tercero de esa norma (“los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”), y modifica el primero y segundo a fin de garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas. Asimismo, elimina la facultad arbitraria del gobierno para expulsar a un individuo al asentar que esta medida sólo podrá tomarse una vez “agotado el procedimiento administrativo que señale la ley” y “siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional”.
Como resulta evidente, la iniciativa presidencial emana de dos axiomas del proceso de transformación que vive el país: apostar siempre por la ampliación de las libertades, y no coartar de modo alguno la de expresión. Está claro que la legislación vigente es una limitación anacrónica al derecho de aquellas personas que viven en nuestro país sin contar con la nacionalidad mexicana para externar sus puntos de vista en torno a cuestiones que les afectan y atañen de manera personal, limitante especialmente lesiva e inicua con quienes han hecho de México su hogar desde mucho tiempo atrás y han realizado contribuciones inestimables a la vida científica, intelectual, cultural y económica.
No puede obviarse el peligro de que esta apertura dé pie a una oleada de tentativas injerencistas, en particular por parte de agrupaciones de ultraderecha como las que ya han sido invitadas a distintos foros por integrantes del Partido Acción Nacional. En este sentido, ha de reconocerse que los redactores de nuestros sucesivos textos constitucionales vieron necesaria la inclusión de preceptos como los del artículo 33 debido a la documentada y persistente acción de agentes extranjeros que socavaron nuestra soberanía a fin de favorecer a gobiernos o corporaciones foráneos. Sin embargo, hoy día la defensa de nuestra irrenunciable soberanía ya no requiere de este tipo de cláusulas que, en cambio, niegan derechos a personas que nada tienen que ver con actividades injerencistas o desestabilizadoras y cuyos posicionamientos pueden ser, por el contrario, enriquecedoras de los debates nacionales.
Por sus efectos positivos en las libertades de los residentes y visitantes a nuestro país, cabe desear que los legisladores aprueben la propuesta del mandatario. En el nuevo clima de derechos creado por esta reforma, la coerción sería sustituida por la confianza en la madurez de la ciudadanía para valorar las opiniones de los no nacionales, adoptar las ideas que sean de provecho y rechazar las nociones contrarias a la independencia, la soberanía y a la voluntad nacional de suprimir las prácticas discriminatorias en todos los ámbitos de la vida.
