Ciudad de México. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó a la Secretaría de Marina indeminizar a Claudia Medina Tamariz, con 3 millones 763 mil pesos, como reparación del daño. Fue víctima de tortura por marinos en agosto de 2012. En su demanda comprobó que fue torturada y vejada sexualmente para obligarla a autoincriminarse como integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación.

Por mayoría de votos, el pleno de la sala superior del TFJA, aprobó el proyecto del magistrado Rafael Estrada Sámano, quien determinó que el caso juzgado con perspectiva de género, concurrieron todas las pruebas para determinar que existió una víctima de tratos crueles e inhumanos y degradantes, además de la violación al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica.

“Como medida de satisfacción se ordena a la Secretaría de Mariana que atienda el principio de inocencia y que a su cargo publique con la misma relevancia, en los mismos medios, con el mismo espacio y circulación o audiencia a que fue dirigida la información original de la acusación que se hizo a la hoy actora como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación”.

“Así como el extracto de la sentencia de fecha 3 de octubre de 2014, dictada por el juzgado décimo séptimo de distrito del estado de Veracruz en la que se ampara y protege para efecto de que el juez cuarto de distrito en el mismo estado, emitiera una nueva resolución en la que declarara que los autos de la causa penal 8/2014 no obran datos suficientes con los que se acredite de manera probable la responsabilidad de la actora en la comisión del delito de delincuencia organizada en la modalidad de uso de vehículo robados para la comisión de otros ilícitos”.

Asimismo, la Sala Superior determinó que la violencia que sufrió Medina Tamariz fue por el hecho de ser mujer, por provenir de un núcleo social vulnerable, lo que la afectó de forma desproporcionada.

Este asunto da cumplimiento a una sentencia de amparo por falta de resolución en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado que se planteó ante la Secretaría de Marina. Se trata del seguimiento al caso originado en agosto de 2012, cuando elementos de la Marina detuvieron a la mujer a quien se le imputaron distintos delitos y se le acusó de pertenecer a dicha organización criminal.

Tras haber sido juzgada y encontrada inocente, la promovente demandó la responsabilidad patrimonial del Estado -toda vez que fueron elementos de la Semar quienes realizaron la detención- por generarle daños materiales en su vivienda, así como perjuicio moral y físico. Por tal razón, se determinó que la Semar deberá hacer la reparación de los daños causados, esto mediante indemnizaciones; además de que tendrá que realizar medias de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición.