Ciudad de México. El mayor rezago de paridad, en el ámbito público, se encuentra en los municipios, porque de 2 mil 471 existentes en el país, solo 525 son gobernados por mujeres, se advirtió en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el evento conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres.

Consejeros, especialistas y activistas coincidieron en que el ámbito local es el nivel de gobierno en donde se halla la brecha mayor de género y está muy lejos del mandato constitucionalidad de paridad en todo.

Igualmente ahí se concentra el mayor número de casos de violencia política en razón de género, todaa vez que de 277 casos de personas agresoras, el 72 por ciento se ubica en el ámbito municipal; ambos factores inhiben la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.

La consejera Norma De la Cruz, presidenta de la comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, aseguró que en 2023 la brecha de representación de las mujeres a nivel municipal en México es abismal.

El consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que la democracia significa la negación de la violencia, no sólo de la violencia física, “la más ominosa e intolerable”, sino también de la violencia verbal que suele anteceder a la primera.

Señaló que si bien hay logros en materia de representación, es necesario observar y atenderlo que ocurre en los municipios, en particular en lo que se refiere a hechos violentos, lo cual sigue siendo un desafío mayúsculo.

En el evento se puntualizó que en la actual legislatura hay 65 personas incluidas por la vía de acciones afirmativas, en favor de grupos vulnerables.

En las conclusiones del conservatorio, la consejera Carla Humphrey señaló que la reforma electoral, conocida como Plan B, restringe la facultad reglamentaria del INE para garantizar el cumplimiento del principio de paridad.

“Otra cuestión que me preocupa es que la nueva ley establece acciones afirmativas, lo cual es un acierto, sin embargo, el retroceso importante que vamos a ver es que solamente se establecen 25 espacios para que personas de cualquiera de los grupos en situación de discriminación pueda integrar órganos del Estado, lo cual es evidentemente un retroceso”, dijo.