Ciudad de México. Cuando Inés Fernández Ortega terminó de dar su testimonio alguien le acercó un pañuelo para que se secara las lágrimas. Una de sus últimas frases había sido: “Quiero decir que una mujer Me’phaa le ganó la batalla al poder militar”.

Las lágrimas de Inés Fernández han estado ahí durante 21 años, los mismos de su lucha por la justicia y este 8 de marzo las acompañó de un exhorto a otras mujeres: “No se callen, alcen la voz para que la autoridad las escuche y cumpla la obligación de proteger sus derechos”.

En marzo de 2002, la indígena de la Montaña de Guerrero preparaba alimentos para su familia cuando un grupo de militares irrumpió en su domicilio. Preguntaban dónde estaba su esposo y dónde había robado la carne que tenía tendida en su patio. “Al no contestar -se lee en el resumen del Centro Tlachinoillan- Inés fue golpeada salvajemente, la violaron y la torturaron sexualmente”. También se robaron la carne.

Entonces comenzó un largo peregrinar por la justicia, que arrancó con la perseverancia de Inés, quien varias veces caminó las ocho horas hasta Ayutla de los Libres sólo para encontrar rechazo de las autoridades judiciales, que se negaron a levantar la denuncia.

En breves minutos, a 21 años de distancia, Inés hizo un resumen de su caso. “Aquí en México no encontraba justicia”, dijo, y hablo de su viaje a Washington, de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego de la sentencia que, en 2010, emitió la Corte Interamericana, “donde por primera vez fue escuchada y respetada su palabra”.

En agosto de ese año, “el Tribunal de las Américas dictó sentencia contra el Estado mexicano por haber violado los derechos de Inés y su familia”. La sentencia obliga a sancionar a los responsables y a la reparación integral del daño.

En 2012, el Estado mexicano, a través del entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, ofreció una disculpa pública a la mujer indígena. En septiembre de 2021, el subsecretario Alejandro Encinas inauguró la Casa de los Saberes en Ayutla de los Libres, un centro comunitario dedicado, según dijo Inés en aquel momento, a trabajar para que otras mujeres no vivan el sufrimiento que ella pasó.

Con todo, la justicia no ha llegado plenamente.

La conferencia fue convocada para anunciar que el pasado 1 de marzo, “el Juez Segundo de Distrito del estado de Guerrero dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión y destitución del cargo contra Hugo Humberto García de León, sargento segundo de infantería del Ejército mexicano”.

García de León es uno de los dos militares que Inés logró identificar (el otro, Salvador Aguilar, fue asesinado aparentemente en una riña en la prisión), mediante fotografías y retratos hablados, según explicó Vidulfo Rosales, abogado del Centro Tlachinollan. “Yo me pregunto dónde están los otros nueve”, dijo Inés, quien siempre enfrentó la cerrazón de los mandos militares para identificar a los 11 elementos que participaron en la agresión en su contra.

La importancia de esta sentencia fue explicada por Alan García, de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se trata, dijo, de la segunda sentencia en México “en la que se determina una responsabilidad penal derivada de una resolución de la CIDH (el otro caso, paralelo, es el caso de Valentina Rosendo), y en un contexto de militarización”.

Para el funcionario internacional “se acredita una vez más la relevancia de la reforma al Código de Justicia Militar… que permite que este tipo de conductas perpetradas por militares sean conocidas por la jurisdicción civil, un avance que debe perdurar y consolidarse, porque nuevamente, frente a los hechos de Nuevo Laredo vemos una vez más la tentación de recuperar espacios en favor de la jurisdicción militar”.