Nueva York y Washington. El levantón de cuatro estadunidenses en Matamoros, dos de ellos asesinados, es utilizado por voces relativamente marginales en Estados Unidos para amplificar demandas a fin de militarizar aún más la frontera con México y propuestas para autorizar el uso de fuerza militar estadunidense contra cárteles de droga en territorio de México.

Aunque la Casa Blanca y el Departamento de Estado han sido cautelosos en sus declaraciones, resaltando la cooperación bilateral con México para ubicar a los secuestrados, algunos legisladores han elevado sus perfiles con el tema ayudados por la respuesta a sus propuestas intervencionistas y denuncias a funcionarios y políticos mexicanos.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, inició su conferencia de prensa diaria este martes elogiando el esfuerzo exitoso para localizar a las víctimas y felicitando al Departamento de Justicia, la FBI, el Departamento de Seguridad Interna, la DEA y las autoridades mexicanas. “Los ataques a ciudadanos estadunidenses son inaceptables”, afirmó y subrayó que “trabajaremos de cerca con el gobierno mexicano para asegurar que se haga justicia”.

Jean-Pierre le recordó a los periodistas que sigue vigente una alerta oficial del gobierno estadunidense recomendando no viajar a ciertas partes de México, Tamaulipas incluido, pero rehusó responder a preguntas sobre si el gobierno de Joe Biden cree que el gobierno mexicano “está haciendo lo suficiente para combatir la violencia dentro de su país” o si cree que los cárteles de droga deberían de ser designados como organizaciones “terroristas”.

En los departamentos de Estado y de Justicia, la respuesta fue parecida. “La tarea de aquí en adelante es asegurar que se haga justicia”, advirtió el vocero del Departamento de Estado Ned Price ante la noticia de que se ubicaron a los cuatro estadunidenses secuestrados en Matamoros.

Pero para algunos políticos que se han dedicado a calificar la frontera como una zona que representa un grave peligro, y que más recientemente habían resucitado viejas acusaciones de que México está bajo sitio de los cárteles responsables de la epidemia de sobredosis de drogas ilícitas entre estadunidenses y que representan una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos, el incidente es muy útil para sus propósitos.

El senador republicano Lindsey Graham anunció que presentará un proyecto de ley para “preparar el escenario” para el uso de fuera militar estadunidense en México, y que es el momento “para ser duros” con el país vecino. En entrevista con Fox News el lunes, Graham indicó que prepara un proyecto de ley para designar a algunos cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” bajo la ley estadunidenses y con ello sentar la base para el “uso de fuerza militar si es necesario.

“Le diría al gobierno mexicano que si ustedes no ponen orden, nosotros lo pondremos por ustedes”, declaró, y subrayó que advertir a México que “si continúan dando refugio seguro a narcotraficantes, entonces ustedes son un enemigo de Estados Unidos”.

Sin embargo, no detalló ni ofreció un borrador de su proyecto de ley. Pero si cumple con su amenaza, sería algo en paralelo a la iniciativa de ley presentada el 12 de enero por dos diputados republicanos relativamente desconocidos en la cámara baja, la cual busca designar a los cárteles mexicanos “terroristas” y otorgar una “autorización del uso de fuerza militar” al presidente para actuar en contra de ellos en México.

El diputado republicano texano Dan Crenshaw, ex teniente comandante y Seal de la Marina, cuyo perfil político fue instantáneamente elevado por la denuncia en México contra sus propuestas para autorizar el uso de fuerza estadunidense contra los cárteles, declaró hoy que “dos de los cuatro estadunidenses secuestrados por los cárteles en México fueron asesinados y aún no hemos declarado como objetivo militar a los cárteles. Es hora de que autoricemos el uso de fuerza militar en su contra… ¿Estás escuchando López Obrador? Nos encantaría que seas nuestro socio. Ayúdanos a ayudarte”.

Ayer, Crenshaw tuiteó orgullosamente que el presidente mexicano declaró que se oponía a “mi proyecto de ley” autorizando fuerza militar estadunidense contra los cárteles, agregando que “me contenta que finalmente se está enterando” y le preguntó si estaba en contra de enfrentar a los que “aterrorizan” al pueblo mexicano y corrompen a sus políticos. “¿Usted está en contra de eso, señor Presidente? ¿A quién representa? ¿Los cárteles o al pueblo?”

Su iniciativa de ley copatrocinada por otro diputado republicano poco influyente,Mike Waltz, cobró más peso con el endoso del ex procurador general Bill Barr en un artículo que publicó en el Wall Street Journal para promover su libro, donde afirma que en Estados Unidos “no podemos aceptar un narcoestado fallido en nuestra frontera, ofreciendo santuario a grupos narcoterroristas que acechan al pueblo estadunidense”.

Pero el proyecto de ley de los dos diputados y el artículo de Barr pasaron casi desapercibidos en los pasillos del poder y en el debate público en Washington (donde expertos descartaban la iniciativa como una maniobra electoral de ultraconservadores republicanos sin posibilidades de prosperar), hasta que fue elevado por la reacción en México. Poco después estalló la noticia de los estadunidenses secuestrados, y con ello, de repente los promotores de una política más intervencionista contra México –como Lindsey Graham y ex colaboradores de Trump– se aprovecharon de la coyuntura para sus fines políticos.

En entrevista con Fox News, Barr reiteró sus argumentos, acusó que los cárteles están matando a estadunidenses a una tasa parecida a la de una guerra mayor.

La politización de tragedias y de los problemas compartidos de ambos lados de la frontera se intensificará al ritmo del calendario electoral estadunidense que culmina en elecciones federales a finales de 2024.