Las “guerras contra el narcotráfico” han sido instrumentos de control del aparato de poder estadunidense sobre determinados países: el comercio internacional de las drogas será inacabable mientras haya un rico país consumidor central (el propio Estados Unidos) al que se pelearán por abastecer los productores o introductores foráneos (Colombia y México, dos ejemplos emblemáticos).

Las economías imperial y de las naciones subalternas se sustentan de manera vigorosa, pero no reconocida, en ingentes cantidades de dinero lavado. En materia política también son instrumento de control imperial los avales, apoyos y planes “conjuntos” o, por el contrario, la descalificación, la desestabilización y el golpeteo a veces políticamente terminal para algunas figuras gobernantes que sean distantes a los intereses de Washington.

En tal contexto puede leerse la evolución narrativa de poderes estadunidenses (mediáticos, empresariales, legislativos y presidenciales) que, en especial a partir de los deplorables sucesos de Matamoros, Tamaulipas, pretenden arrogarse el derecho de intervenir de manera abierta y directa contra cárteles mexicanos en territorio mexicano, incluso mediante las fuerzas armadas del país históricamente invasor y depredador, arguyendo lo que, en estricto sentido, tanto México como Estados Unidos podrían postular mutuamente, pues en esa relación necesariamente simétrica, de espejo, en la operación comercial trasnacional de los estupefacientes, tan peligroso podría ser México para la seguridad nacional de Estados Unidos como esta nación lo ha sido para aquella, y no sólo de ahora o de este siglo, y no sólo en cuestión de drogas, sino de tráfico de armas, y no sólo en cuestión de narcóticos, sino de robo de territorios.

La abierta promoción de que se entre a México para atacar a cárteles (una invasión) no es una simple pataleta de políticos ignorantes o ansiosos de ganar votos en próximas elecciones estadunidenses) es también un alineamiento con el discurso de los opositores al gobierno obradorista que pugnan por el regreso a los escenarios de “mano dura” del calderonismo, finalmente exhibido en Brooklyn como tragicomedia derechista al servicio de cárteles, no sólo el de Sinaloa, aunque este haya sido el predominante.

La acometida desde Estados Unidos tiene como referente electoral local la lucha contra el consumo de fentanilo, que está cobrando un alto número de vidas. Pero también es un distractor, un salvavidas para la derecha panista y felipezavalista que a partir de la declaratoria de culpabilidad contra Genaro García Luna parece desfondarse junto con sus aliados circunstanciales, el jabonoso PRI y el residual PRD.

El golpismo estadunidense pretende legitimar el discurso opositor que en México propala presuntos pactos presidenciales con cárteles y pretende empujar a la administración obradorista a cambiar el enfoque sostenido hasta ahora, de entender las razones sociales profundas del fenómeno del crimen organizado y no caer en la solución grata al poder estadunidense de las “guerras” que, en caso de desatarse, serían materia de otras acusaciones opositoras.

Lo escrito en párrafos anteriores no cierra los ojos ante la muy difícil situación nacional, con grupos del crimen organizado cada vez más empoderados y dañinos y, en consecuencia, con una población civil virtualmente inerme ante un salvajismo creciente. Tampoco se niega la realidad institucional de un sistema dominado y carcomido gravemente por la corrupción, la impunidad y la injusticia, sobre todo en los poderes judiciales, federal y estatales; las policías de todo nivel; las fiscalías y las fuerzas armadas, que no por un discurso sexenal y un empoderamiento nunca visto habrán de cambiar su historial represivo.

Pero no debe permitirse el intervencionismo que pretenden los poderes estadunidenses. Lo que corresponda hacerse debe ser hecho fatigosamente, duramente, por los mexicanos, sin acciones externas de “salvamento” en general ni, en particular, de la alicaída derecha mexicana. ¡Hasta mañana!

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