No entienden. O no quieren entender porque resulta un obstáculo a sus proyectos. Lo cierto es que en ningún orden de gobierno donde ejerce el poder estatal el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le va bien a los pueblos indígenas. Ni siquiera en los casos donde se ha colocado en los puestos para atenderlos a antiguos defensores o impulsores de sus derechos. Siguen con sus discursos de la autonomía y la libre determinación, pero en la práctica los niegan. Esta situación es preocupante porque se está volviendo un asunto consuetudinario que desde el gobierno los derechos de los pueblos se reivindiquen en el discurso mientras en los hechos se niegan. Y cuando se impulsan acciones que, dicen, tienen como finalidad garantizarlos, se hace sin tomarlos en cuenta, lo cual al final genera inconformidades que impiden su ejercicio. Hay casos, incluso, en que no sólo se niegan los derechos sino se desnaturaliza al sujeto titular de ellos.
Un caso de estos últimos se presenta en la Ciudad de México. El 30 de mayo de 2022 la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios e Indígenas Residentes (SEPI), publicó en la Gaceta Oficial una convocatoria para que participaran en la creación del Sistema de Registro para Pueblos, Barrios Originarios e Indígenas Residentes, con la finalidad de generar condiciones para que pudieran ejercer sus derechos. Esta acción, noble a primera vista, generó infinidad de inconformidades entre los posibles beneficiarios, porque en su emisión no se consultó a los posibles afectados, violando uno de sus derechos fundamentales, pero también por los requisitos que se piden, que violan uno de los derechos derivados del derecho a la libre determinación, reconocido en el derecho internacional y el nacional como un derecho fundamental de los indígenas, del cual derivan otros.
La doctrina jurídica internacional determina que el derecho a la libre determinación se expresa en cuatro vertientes: la autoafirmación, que les permite proclamar libremente su existencia; la autodefinición, que los autoriza definir quiénes son sus integrantes y quiénes no, hayan nacido en el pueblo o fuera de él; la autolimitación, que los faculta a fijar sus límites territoriales, en acuerdo con el estado, y la autodisposición, que les da el derecho a organizarse como mejor les convenga. Las pretensiones del Gobierno de la Ciudad de México de crear unilateralmente un sistema de registro de pueblos, barrios e indígenas residentes, estableciendo requisitos innecesarios para ellos, es violatoria del derecho a la autoafirmación, establecido como garantía en derecho internacional, la Constitución Federal y la Constitución Política de la Ciudad de México, que les reconocen prexistencia al Estado y determinan que la autoadscripción es el elemento central para su reconocimiento.
Las pretensiones del gobierno capitalino han generado una resistencia de los pueblos en muchos sentidos. Algunos han denunciado públicamente que tras del registro se encuentran las pretensiones del actual gobierno de controlarlos políticamente para asegurar su voto en las elecciones del próximo año, donde la jefa de Gobierno es una candidata visible en el partido del poder; otros incluso han iniciado procesos judiciales ante los tribunales correspondientes con la finalidad de anular la convocatoria y así evitar que se lleve a cabo el sistema de registro de pueblos y barrios originarios e indígenas residentes y si éste ha de constituirse, se haga con su participación y para benefi-cio de ellos, que son los titulares de los derechos que se pretenden proteger. Pero donde la inconformidad se ha mostrado con más nitidez es en la escasa respuesta a la convocatoria, pues de todos los 139 pueblos y 58 barrios originarios reconocidos por el mismo gobierno de la Ciudad de México en registros propios, sólo han acudido 21 y de éstos únicamente dos han reunido los requisitos para ser reconocidos, sin que lo sean todavía.
El mutis de los pueblos y barrios originarios, así como el de los indígenas residentes hacia la convocatoria para crear un registro que muestre jurídicamente su existencia y facilite el ejercicio de sus derechos representa un fracaso en las políticas del gobierno capitalino hacia este sector social. Para los pueblos, al contrario, representa un avance sustancial en una lucha que es más amplia y larga: su defensa del territorio en contra de las pretensiones de las inmobiliarias de apoderarse de él para venderlo al mejor postor, que siempre resulta el gran capital. Por ejemplo, el pueblo originario de San Sebastián Xoco, donde se ha estado gestando un proceso de despojo inmobiliario, cuya máxima expresión es la Torre de Mitikah, la cual cerró la calle de Mayorazgo y encerró al pueblo, donde la (SEPI) se negó a proteger los derechos de los pueblos indígenas con argumentos falaces.
Los pueblos saben que cuando esto sucede ellos pierden el control de su vida y su futuro se vuelve incierto; como también saben que detrás del registro y el acotamiento de sus derechos se encuentra la complicidad del “gobierno del cambio” con las inmobiliarias para despojarlos de su patrimonio. Pero nada está dicho al respecto. Quedan todavía muchas batallas por librar. Y las próximas elecciones son un factor importante en el resultado final.
