El Sitio 300, la mayor agrupación de taxis que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con más de 500 unidades, ha protagonizado varios conflictos en los últimos años, desde una pugna interna por la dirigencia gremial hasta un desalojo por una deuda de más de 50 millones de pesos a la terminal aérea.

En 2006, la Comisión Federal de Competencia consideró que el sitio incurría en prácticas monopólicas al ser el único que prestaba el servicio desde 1977, por lo cual recomendó dividirlo en dos o más organizaciones para establecer condiciones de competencia.

En enero de 2009, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la operación de nuevas agrupaciones para ofrecer el mismo servicio, con lo cual puso fin al monopolio de más de 20 años. El Sitio 300 tuvo así una de las rupturas más significativas, cuando decenas de sus choferes se incorporaron a otras empresas para trabajar en las terminales 1 y 2 del AICM.

En 2010, a petición de las autoridades aeroportuarias, la extinta Policía Federal realizó un operativo en la Terminal 2 para desalojar del estacionamiento a casi cien vehículos del Sitio 300 que se habían instalado ahí desde 2007, cuando entró en operaciones esa zona del aeropuerto.

Hubo operadores detenidos y remitidos al Ministerio Público y la policía clausuró puestos de venta del sitio en los ambulatorios y salidas de la Terminal 2.

Años después, dos bandos rivales dentro de la agrupación se disputaron la dirigencia. En 2015 se enfrentaron a golpes por ese conflicto y por esclarecer el destino de nuevos permisos que había otorgado la SCT. La policía de la capital detuvo al menos a 10 personas, que fueron trasladadas a la agencia del Ministerio Público en la delegación Venustiano Carranza.

El suceso más reciente fue la semana pasada, cuando el AICM informó que recuperó el estacionamiento conocido como El Triángulo, en la Terminal 1, que ocupaba el Sitio 300.

Según las autoridades del aeropuerto, ese espacio estaba ocupado de manera “irregular”, ya que el gremio no tiene contrato desde 2020 y adeuda unos 50 millones de pesos por arrendamientos y accesos a la zona federal.

Las instalaciones fueron resguardadas por la Secretaría de Marina y personal del aeropuerto, que retiraron varios vehículos. Los representantes de los taxistas dijeron que el desalojo fue ilegal, ya que en ese momento negociaban el pago de la deuda.