La desaparición de cuatro ciudadanos de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, agrava el cuadro de apremio para que en México se combata a las empresas del crimen organizado, como a Estados Unidos le parece necesario, sobre todo de cara a sus próximas elecciones y a la necesidad de paliar el grave cuadro de salud pública y mortandad que les produce el consumo de fentanilo.

Luego de la exhibición del gobierno calderonista como un amasijo de criminalidad dirigida, no sólo desde la oficina de Genaro García Luna, y de las exigencias de legisladores, políticos y ex servidores públicos de Estados Unidos respecto de intervenir directamente en ataques contra personajes e intereses de cárteles mexicanos, lo sucedido en la frontera tamaulipeca propicia mayor irritación en el país vecino.

Tamaulipas sigue en condición trágica. Hace días fueron ejecutados cinco jóvenes sin que hasta la fecha se conozca la motivación para que miembros del Ejército les dispararan. Tampoco se han presentado pruebas de que las víctimas portaran armas o drogas. Circulan videos y versiones de que algunos de ellos formarían parte de grupos criminales, lo cual, aún si fuera cierto, no debería ser invocado como una tentativa de justificación, al mero estilo calderonista.

Es terrible la asimetría entre el tratamiento institucional mexicano al caso de cuatro ciudadanos extranjeros desaparecidos y el usualmente dado a los propios, que ya son casi 110 mil. No debe objetarse en lo mínimo que el Estado mexicano atienda con prontitud y con el mayor número posible de recursos el caso de los cuatro estadunidenses. Tal debería ser la actitud permanente, aunque los mexicanos dolorosamente saben que en sus casos suelen resultar cómplices, si no es que ejecutores, las propias autoridades, los propios policías.

Lo sucedido en Matamoros debilita al gobierno obradorista ante poderes gringos, entre otras cosas porque el mando estatal proviene de las filas de Morena (aunque Américo Villarreal Anaya tuvo larga vida política en el PRI, al igual que su padre, ya fallecido).

Como en otras entidades, los triunfos guindas han aparecido salpicados de referencias a presuntos entendimientos con alguno de los grupos oscuros que dominan cada entidad. Y en Tamaulipas, como en cada vez más estados del país, el crimen organizado es un factor de gobernabilidad cada vez más exigente en términos económicos y más ascendente en los políticos.

Por lo pronto, México ha debido aceptar la intervención de agencias estadunidenses (la FBI, la principal) para investigar (en equipo binacional, se ha dicho) lo acontecido en Matamoros. En el crudo juego del poder, la fuerza del vecino parece dispuesta a no desaprovechar ventajas ni resquicios o hendiduras, ya se verá hasta dónde llegan los alcances de los desatados ánimos intervencionistas de las élites estadunidenses en México, en su presente y futuro, incluyendo el electoral de 2024.

En otro tema, es una retracción electoral en lo inmediato, 2023, con pretensiones de apuesta diferenciadora para 2024. MC se declara abstencionista respecto de las elecciones de Coahuila y estado de México porque considera, y denuncia, que ya están pactadas entre Morena y el PRI, para que el guinda se quede con el estado con capital en Toluca y el tricolor con el correspondiente a Saltillo.

MC continúa en la línea de asumirse como opción independiente a los dos grandes bloques en pugna (Morena y sus aliados, frente a PRI-PAN-PRD-Claudio X.). Tal es la línea que ha marcado el dueño del partido naranja, con la vista puesta en sus cartas presidenciables: Enrique Alfaro (Jalisco), que la quiere porque la quiere; Samuel García (Nuevo León), que se siente potenciado por el expediente Tesla, y Luis Donaldo Colosio Riojas (Monterrey), a quien alientan algunas casas encuestadoras y periodísticas, ¡hasta mañana!

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