El manejo forestal comunitario en México, que consiste en que los ejidos y comunidades establecen un plan de manejo avalado por las autoridades para conservar, aprovechar y obtener beneficios de los bosques y selvas, ha sido por varias décadas un modelo único de éxito en el mundo. Ahora está amenazado por el crimen organizado que se ha infiltrado en comunidades y algunas hasta han dejado de operar, con lo cual se prevé para los próximos años una caída en la producción maderera del país, advierten expertos.

La historia de estas comunidades viene desde que durante el gobierno de Luis Echeverría emergieron grandes iniciativas para promover el manejo comunitario, pero fue a partir de reformas legales de 1986 cuando se reconoció que los únicos que podrían aprovechar sus recursos forestales eran los ejidos y comunidades, propietarios de los terrenos, señala David Bray, estudioso de estas comunidades de la Universidad Internacional de Florida.

De 16 mil 944 ejidos y comunidades que hay en zonas forestales –donde habitan 12 millones de personas–, son 2 mil 361 los que hacen aprovechamiento forestal y poseen 4.1 millones de hectáreas, 16 por ciento de los bosques y selvas del país y aportan 70 por ciento de la producción forestal nacional, indican datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

De esas comunidades, cerca de mil tienen empresas forestales comunitarias (EFC) para realizar desde el corte de los árboles hasta el procesamiento de la madera con aserraderos y fábricas de muebles. En las comunidades no toda la superficie forestal se aprovecha, ya que los programas de manejo avalados por la Conafor definen las condiciones y son autorizados por una década; cada año los comuneros aprovechan un área y a ella vuelven después de 10 años.

Hay EFC exitosas y muchas llevan décadas de trabajo. “Conservan sus bosques, los aprovechan de manera sostenible y entregan cierto nivel de beneficios a sus comunidades”, algunos de ellos inusuales en el campo, como las pensiones, subraya David Bray.

En entrevista, añade que en las zonas forestales generalmente hay poco empleo, pero cuando se aprovecha un bosque de miles de hectáreas los comuneros obtienen pagos razonables e inversiones en la comunidad, como servicios de salud, computadoras para las escuelas o sistemas de agua potable.

México tiene tal escala de superficie aprovechada bajo este esquema que lo hace un caso único; “han sido importantes las reformas desde el gobierno federal en diferentes momentos, incluyendo intervenciones presidenciales, y sobre todo la energía, el vigor y la importancia al impulso de las comunidades. El gobierno en muchos casos abrió espacios desde arriba, y las comunidades supieron tomarlos, ocuparlos y exigirle más”, agrega Bray.

La mayoría de las EFC están en los bosques de pino y encino, los estados más importantes son Chihuahua, Durango, Guerrero, estado de México, Michoacán, Puebla y Oaxaca, mientras en el manejo comunitario de selvas tropicales prevalecen Quintana Roo y Campeche.

Infiltración de la delincuencia

Pero no todo es utópico, precisa Bray. “Hay muchos problemas. Con comunidades tratando de operar empresas orientadas al mercado puede haber problemas internos. Algunos han dicho que el exceso de regulación del gobierno es algo que impide el desarrollo del sector, pero diría que el factor más importante que incide es el crimen organizado”, afirma el también autor del libro Las empresas forestales comunitarias de México: éxito en los comunes y las semillas de un buen Antropoceno.

Destaca que la situación varía según el estado, no es en todo el país, “se reporta que la delincuencia, con aliados en la comunidades, se apodera de las empresas. Hay otros casos donde las empresas tienen que pagar su cuota de protección en regiones que son dominadas por el crimen”.

En EFC de Oaxaca o Quintana Roo no hay mucha presencia del crimen organizado, es más fuerte en estados forestales del norte; esto sería a partir de 2005, pero el problema empieza a ser más serio a partir de 2010, explica.

Muchas de las comunidades y ejidos que tienen manejo forestal autorizado están en zonas donde hay presencia de crimen organizado, “tienen intervenciones en sus actividades, hay cobros de derecho de piso y hay regiones donde el crimen se ha apropiado del proceso productivo, prácticamente lo controla”, alerta en entrevista Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

“Donde tienen que coexistir con el crimen organizado, ejidos y comunidades tienen que organizarse para realizar de manera adecuada sus actividades productivas”, manifiesta. Hubo casos ejemplares que incluso tuvieron la certificación internacional FSC por su buen manejo del bosque, como el caso Barranca del Calabozo, en Jalisco, pero lo perdieron y el crimen organizado ahora controla la actividad productiva. Ya no llegan los beneficios completos a las comunidades, puntualiza.

“El crimen se ha apoderado de las regiones forestales. En Guerrero pasó algo similar, hay ejidos, como el Cordón Grande, que siguen haciendo las cosas, en un escenario de violencia, conflictos y grupos armados de la delincuencia”, dice.

Incluso esto llevaría en los próximos años a una disminución en los volúmenes de producción nacional. “Tenemos la capacidad de producir más, pero sólo se genera 30 por ciento del consumo nacional, del manejo comunitario es alrededor de 80 por ciento, el resto sería de pequeños propietarios que hay en Chihuahua, Durango y Oaxaca, que tienen de ocho a 50 hectáreas en las que aprovechan las zonas forestales”, aclara.