Santiago. Chile puso en marcha ayer un segundo intento para dotarse de una nueva Constitución, que deje atrás la heredada del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), en un proceso que será sustantivamente diferente al fallido en septiembre de 2022, cuando la propuesta escrita desde una “hoja en blanco” por una Convención Constitucional paritaria y con representación de pueblos originarios, fue rechazada por 68 por ciento de los votantes en el plebiscito de salida.

Esta vez, un grupo de 24 “expertos” designados por el Congreso y que se instaló a sesionar ayer redactará durante los siguientes tres meses un anteproyecto de Constitución que servirá de base sobre la cual trabajarán 50 representantes populares a elegirse el 7 de mayo próximo.

La prexistencia de ese texto en la práctica limitará la creatividad y/o autonomía de los futuros “consejeros constitucionales”, que comenzarán funciones en junio, cuando lo reciban.

También ayer debutó un “comité técnico de admisibilidad”, de 14 miembros, cuya misión consiste en pronunciarse respecto de que las propuestas de articulado que se busquen introducir, tanto por los expertos como por los consejeros, no transgredan los denominados “principios constitucionales”.

Se trata de 12 normas que en octubre pasado impuso la derecha al oficialismo, como condición para retomar el camino constitucional, que esencialmente consagran cuestiones trascendentales para la derecha, por ejemplo, la libertad de emprendimiento y la propiedad privada, que el Banco Central es un órgano autónomo o que Chile es un Estado unitario e indivisible, lo cual tiene el efecto de cerrar la puerta al reconocimiento de autonomías territoriales para los pueblos indígenas, tal cual lo demandan, por ejemplo, los mapuches.

Para muchos analistas y ciudadanos, la creación y mandatos otorgados a estos dos grupos –integrados por doctos académicos y académicas con abundancia de doctorados, además de cuoteados políticamente– muestra a sus anchas cómo las élites políticas e intelectuales tomaron el control del proceso, restringiendo la soberanía popular acerca del contenido constitucional.

Contrario al fracasado proceso previo, fruto del estallido social de octubre de 2019, no hay ahora atisbo de participación del Chile popular y profundo, algunas de cuyas representaciones emergieron desde territorios muy marginales, repletos de problemas ambientales, contaminación, ausencia de agua y falta de sustentabilidad, para empoderarse en la Convención de 2022. Aunque luego, la diáspora que tuvo lugar durante la marcha de la Convención, la ausencia de conducción, el fraccionamiento, los excesos en la búsqueda de maximalismos identitarios, unido al desprestigio que impulsó la derecha, condujeron a la aplastante victoria del rechazo en el plebiscito de salida, en septiembre de 2022.

Según algunas encuestas, cerca de 60 por ciento de la población chilena tiene nada o poca confianza en el proceso constituyente.

Como expresiones del consenso y reparto de cuotas existentes entre oficialismo y la derecha, como presidenta de la “comisión de expertos” fue elegida la abogada Verónica Undurraga, cuyo nombre fue impulsado por el centroizquierdista Partido por la Democracia, integrante de la coalición de gobierno, en tanto que la oposición derechista se quedó con la presidencia de tres de las cuatro subcomisiones técnicas del grupo.

Mientras, en el grupo “técnico de admisibilidad” se escogió a la abogada Ana María García, representante del derechista partido Evolución Política.

El plebiscito ratificatorio del texto propuesto será el 17 de diciembre y de participación obligatoria.