Pues nada, que los “guardianes de la Constitución” (Norma Piña dixit) son los primeros –aunque no los únicos, desde luego– en transgredir... la Constitución, y lo hacen a la vista de todos, sin cautela, “dignidad” ni “cobardía” ( ídem), con lo que por su propio peso se desploma el discurso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la vez que titular del Consejo de la Judicatura Federal.

Con todo, en algo tiene razón la ministra presidenta: si los juzgadores no actúan “responsablemente, con prudencia, sin que se confunda con cobardía”, nadie “saldrá adelante”, porque si son ellos los primeros en transgredir la carta magna y contribuir, con trucos legaloides, que otros transiten por esa ruta, entonces cierto es que el Poder Judicial, de por sí desprestigiado, se hunda cada día más. “Lo que haga uno (de sus integrantes) repercute en todos”, y sin más proceden en sentido contrario del “exhorto”.

¿En serio Norma Piña pide confiar en la “responsabilidad”, “prudencia” y demás atribuciones de las que carecen los integrantes del Poder Judicial de la Federación, si a la hora de la hora y carentes de “cobardía” descongelan cuentas bancarias ligadas a lavado de dinero y liberan y/ o amparan a trasnacionales, narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco, defraudadores, extorsionadores, torturadores y demás fauna delictiva en el país, amén de ser cómplice en la sistemática violación del artículo 127 constitucional? Entonces, ¿la ministra presidenta quiere que el pueblo tome en serio su discurso? Pues la única forma es con hechos y no precisamente los que hasta ahora se han registrado.

Por ejemplo, el artículo 127 constitucional, fracción segunda, ordena: “ningún servidor público podrá recibir remuneración (…) por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República …”, y por remuneración o retribución considera “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales” (fracción primera).

La directriz constitucional no pue-de ser más clara, pero sus “guardianes” no sólo cobran mucho más que el Presidente de la República (más de 286 mil pesos al mes y la catarata de prestaciones que reciben), sino que “auxilian” a otros “servidores públicos” a que hagan lo propio, es decir, transgredir la Carta Magna.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha deta-llado: “los recursos legales que presenta anualmente el INE para mantener sus percepciones fuera de la ley es un juego, pero es un chiste, porque es de carcajada: la SCJN lo ha permitido, no se ha pronunciado de fondo en esta situación, y no lo ha hecho, porque también ellos perciben más que el Presidente. Cuando se aprobó la reforma en torno a las percepciones de los funcionarios del Estado mexicano, se hizo una excepción para que en el caso de los ministros de la SCJN que ya estaban en el cargo siguieran percibiendo sus salarios, pero con los que se fueran incorporando ya no sería así, pero han abusado; ya de esos nada más hay uno, los demás están fuera de este término y siguen ganando; ellos deciden lo que ganan, no es correcto, por más poder que tenga decida cuánto va a ganar”.

No es correcto, dice Pablo Gómez. En realidad, “es ofensivo contra la República. No es un asunto de grillas, no importa tanto lo que se están embolsando, sino que esa arrogancia de autoasignación del sueldo es un golpe brutal al sistema democrático republicano”. Y en el INE “hay al menos 400 funcionarios que ganan más que el Presidente de la República”.

Pero no sólo ahí, pues la SCJN se presta a esa sucia jugarreta para que la burocracia dora-da siga cobrando altísimos sueldos (con sus jugosas prestaciones) en cuando menos el Banco de México, INE, Consejo de la Judicatura Federal, Cofece, el IFT, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TEPJF, Inai, Inegi y hasta el fiscal general de la República, y muchos de ellos mantienen intocados sus ingresos gracias a los amparos que el Poder Judicial de la Federación les concedió.

Las rebanadas del pastel

Entonces, si los “guardianes de la Constitución” son así de “responsables”, “prudentes” y “dignos”, pues no, gracias.

Twitter @cafevega