El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite otras siete controversias constitucionales en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, conocidas como la primera fase del plan B de la reforma electoral. A estas impugnaciones se acumularán las que se espera recibir luego de la publicación de la segunda parte de dicha reforma, ocurrida el jueves pasado. Todas deberán ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de junio próximo, para no interferir con el calendario electoral de 2024.
Las controversias fueron promovidas por ayuntamientos gobernados por alcaldes del PAN y del PRI, entre ellos Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el estado de México; así como Guanajuato y Comonfort, ambos de Guanajuato.
Aunque todos estos municipios solicitaron la suspensión de la aplicación del plan B hasta que la SCJN resuelva sobre su constitucionalidad, el ministro Pérez Dayán consideró que no era necesario tomar esta medida cautelar, toda vez que se trata de una norma general que no afecta de manera irreversible ningún derecho humano.
Los ayuntamientos quejosos sostienen que estas reformas “generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente”.
Estas controversias se suman a las que promovió el INE y el municipio de Chihuahua, que fueron admitidas a trámite el pasado 28 de febrero.
Contra esta primera etapa del plan B se acumularon 125 controversias constitucionales y todas fueron concentradas en la ponencia del ministro Pérez Dayán.
Faltan por tramitar las controversias y acciones que se espera se promuevan contra la segunda parte del plan B, promulgada apenas la semana pasada, y contra la cual el partido Movimiento Ciudadano entregó el primer recurso el viernes. Estos juicios podrían ser asignados por turno a otro ministro, toda vez que impugnan las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A principios de este mes, Pérez Dayán descartó que falte tiempo para que la SCJN pueda resolver estos asuntos antes del inicio del proceso electoral de 2024, que empieza en octubre próximo. “Los tiempos están perfectamente claros, la Suprema Corte tiene un papel de control constitucional y las leyes nos marcan precisamente los periodos en que debemos resolver”.
