Ciudad de México. Un juez federal le concedió un amparo a Mario Aburto Martínez, el homicida confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), contra la omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de investigar los presuntos actos de tortura que fue objeto para declararse culpable del magnicidio.

Los efectos del recurso legal son para que en un plazo de seis meses la FGR integre y determine la averiguación previa tendientes a lograr el esclarecimiento por los presuntos actos de tortura que se cometieron en contra del promovente.

“La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario Aburto Martínez…En el término de tres días, a partir de que sea notificada esta determinación, emitir un acuerdo en el que remita la averiguación previa a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura”.

En relación a la dilación en la integración de la investigación, la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura deberá radicar la investigación remitida y en el término de tres días, a partir de que sea enviada por incompetencia la averiguación previa, emita un acuerdo en el que precise detalladamente cuáles son los actos de investigación pendientes de desahogar; de modo que deberá establecer un plan pormenorizado de la forma en que se dará seguimiento a la debida integración de la indagatoria correspondiente.

Además deberá inscribir a la brevedad al quejoso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET).

El juez Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, otorgó la protección de la justicia federal a Aburto Martínez, quien reclamó que la autoridad ministerial no ha investigado los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y delitos vinculados en su perjuicio.

Argumentó que la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR incurrió en la transgresión que reclama el peticionario de amparo, pues derivado del análisis de las constancias que remitió, se advierte que no cumplió con su encomienda constitucional y legal de investigar los hechos denunciados, además han existido periodos injustificados de inactividad investigadora.

Pero no sólo eso, aseguró que la autoridad “no cumplió a cabalidad con su deber constitucional de investigar y por ende, violenta derechos fundamentales como el derecho a la verdad y de tutela judicial efectiva”.

Apuntó que desde que inició la averiguación previa en agosto de 1994, se advierte que no ha cumplido con dichos postulados incurriendo en dilación para la debida integración de esa indagatoria, tanto que fue hasta el año 2022, cuando agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR informó que el Fiscal mediante oficio, instruyó la integración de un equipo especial de investigación y en su caso, retomar y concluir los procesos penales vinculados con los hechos que dieron como resultado el homicidio de Colosio Murrieta, así como cualquier otra investigación relacionada con el caso o con las personas implicadas en el mismo.