Ciudad de México. Bajo el argumento de que en un establecimiento tenían a una persona secuestrada, y sin contar con orden de cateo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la Fiscalía General estatal, sometieron a los empleados del negocio localizado en el municipio de Río Blanco de esa entidad, “tirándolos al piso y golpeándolos para que se declaran culpables de tal ilícito”, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Debido a ello, emitió una recomendación dirigida al gobernador del estado, Cuitláhuac García y a la fiscal general, Verónica Hernández.

Agregó que seis de los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial sin ser informados sobre los delitos que se les imputaban, mientras que cuatro fueron víctimas de tortura física y psicológica.

Sufrieron golpes, patadas, privación de la luz y fueron sometidos a posiciones forzadas, a mecánicas de asfixia húmeda y seca, traumatismos y amenazas de muerte para quebrantar sus voluntades, como método de investigación y castigo para autoincriminarse.

Los agentes “mintieron” sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la detención de las víctimas, quienes no portaban armas de ningún tipo y mucho menos machetes. Tampoco agredieron a dichos elementos.

En cambio, “se simuló la flagrancia para intentar justificar el cateo ilegal, llegando al extremo de colocar armas y drogas para comprometerlas legalmente”, dijo el organismo nacional.

Sobre el cateo realizado al inmueble, la CNDH calificó que fue ilegal, ya que además de que no se presentó la orden correspondiente, se incurrió en el robo de equipo de videovigilancia, dinero en efectivo, cerveza que era parte de la mercancía en el lugar, y un vehículo, “los cuales, hasta la fecha, no han sido devueltos por la Fiscalía”, explicó este lunes mediante un comunicado.