No es nuevo el tema, pero sí cada vez más insistente: en Estados Unidos se promueve que los cárteles mexicanos sean clasificados como organismos “terroristas” extranjeros y, por tanto, las autoridades de aquel país puedan ejecutar ataques directos a líderes y grupos criminales en territorio mexicano. A principios del pasado febrero, 21 fiscales estatales de Estados Unidos pidieron al presidente Biden que realice tal etiquetación intervencionista. El fiscal general de la nación vecina, Merrick Garland, sostuvo la semana pasada que no se opondría a una designación de ese tipo, aunque advirtió que podría generar problemas políticos y diplomáticos. Y este fin de semana se ha destacado que el representante Dan Crenshaw, a nombre propio y del también republicano Mike Waltz, ha solicitado desde enero al Comité de Asuntos Exteriores del Senado que apruebe el uso de las fuerzas armadas estadunidenses contra cárteles mexicanos (se nombra a los nueve más activos).

Tal acometida, desde ámbitos institucionales estadunidense, ha contado con una reciente colaboración estelar: el juicio en Nueva York al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el cual dibujó de manera aplastante el dominio de los cárteles en la operación del gobierno mexicano, en el caso, el de Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Han resultado sugestivamente provechosas las jornadas judiciales de Brooklyn para fijar la imagen, manipulable y utilizable a conveniencia, de un gobierno mexicano incapaz de poner orden en el asunto del tráfico de enervantes. Sí, sobre el gobierno de Calderón, pero para fines del ala intervencionista estadunidense, aplica para el actual también (sobre todo, por el tema del fentanilo). William Barr, quien fue fiscal general de justicia con Donald Trump, igualmente ha apoyado que fuerzas armadas del vecino país puedan actuar directamente contra cárteles mexicanos y ha asegurado: “Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México, para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”.

El revoloteo de los halcones estadunidenses tiene un entusiasta apoyo nativo de segmentos opositores al obradorismo, que no parecen estar bien posicionados electoralmente para 2024 y anhelan que desde Estados Unidos se golpeé y desestabilice al gobierno obradorista. A ese cuadro de exhibición impúdica de insuficiencias institucionales mexicanas puede sumarse la extraña oleada de resoluciones judiciales en favor de personajes emblemáticamente relacionados con la corrupción. Todo ello desde que llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Norma Piña. Pareciera que se hubiera dado una instrucción para liberar o ayudar a cercanos al peñismo (Rosario Robles, Ramón Sosamontes y el abogado Juan Collado) y a panistas o cercanos a anteriores poderes del blanquiazul (el ex gobernador García Cabeza de Vaca y la esposa de García Luna, por ejemplo).

Pero esa colocación de la justicia federal al servicio de causas oscuras también puede ser vista y señalada desde Estados Unidos como una muestra más de la degradación institucional mexicana: un poder, el Judicial, tan corrupto como los personajes a los que va dejando libres o impunes.

Por lo pronto, la Fiscalía General de la República parece comenzar a desperezarse, al menos en estos temas, y se ha hecho saber que se integran carpetas de investigación contra jueces que, considera la fiscalía, han emitido resoluciones marcadamente favorables a delincuentes, no sólo en casos como los mencionados líneas arribas, sino incluso contra cuatro abogados relacionados con el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. ¡Hasta mañana!

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